Cuatro municipios de Ñuble en la mira de Contraloría por incumplimientos en planes de seguridad pública
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que cuatro municipalidades de la Región de Ñuble han incumplido con la entrega de documentación clave a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones de sus respectivos Concejos Comunales de Seguridad, entre 2024 y 2025.
Si bien no aparece en la categoría de comunas “Urgentes”, es decir, aquellas con mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual, El Carmen, Ñiquén, Pinto y Pemuco, figuran en el listado del órgano contralor con menor nivel de cumplimiento en el tema.
El caso más crítico es El Carmen, que registra un 0% de cumplimiento: no ha enviado su plan de seguridad ni ha realizado sesiones del concejo correspondiente a la temática. Le sigue Pemuco, que tampoco ha remitido este instrumento, aunque presenta un leve avance del 21% en cuanto a sesiones comunales enfocadas en el control de la delincuencia.
Ñiquén y Pinto, en tanto, tampoco han entregado su documento de planificación, pero muestran avances en la convocatoria de sus concejos: Ñiquén alcanza un 71% de sesiones realizadas, mientras que Pinto registra un 79%.
En contraste, las comunas con mejor desempeño, por cumplir con los ítem mencionados, destacan Coihueco y Bulnes, ambas con 100% de logro. Otras localidades sobresalen como Trehuaco, cuyo plan de seguridad alcanza un 100% y las sesiones municipales 93%. Luego Yungay con un 100% en el documento y 86% en la celebración de concejos municipales al igual que San Carlos.
En la categoría de comunas “urgentes”, o sea aquellas con alto peligro delictual dentro de la región, Chillán, San Carlos y San Fabián se mencionan con un 100% de cumplimientos de su instrumento y con más del 50% de avance en concejos de seguridad.
Exigencia legales
Según expone Contraloría, la importancia de esta temática radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
Cada municipio debe enviar las actas de todas las sesiones del Concejo Comunal de Seguridad Pública a la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como los planes comunales, los cuales deben actualizarse anualmente. Esta obligación debe cumplirse a través del Sistema de Registro de Sesiones de Concejos, Diagnóstico y Planes Comunales (SIRECC).
Además, dentro de los diez días hábiles posteriores a cada sesión del concejo, los alcaldes deben reportar a la SPD los detalles de la convocatoria, temas tratados y eventuales acuerdos adoptados.
Según explicó la Contraloría, esta información permite monitorear el funcionamiento de los concejos, verificar la coherencia de los planes locales con la estrategia nacional, y brindar apoyo técnico a los municipios en la formulación y actualización de sus planes de seguridad.
