Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que cuatro municipalidades de la Región de Ñuble han incumplido con la entrega de documentación clave a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones de sus respectivos Concejos Comunales de Seguridad, entre 2024 y 2025.
Si bien no aparece en la categoría de comunas “Urgentes”, es decir, aquellas con mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual, El Carmen, Ñiquén, Pinto y Pemuco, figuran en el listado del órgano contralor con menor nivel de cumplimiento en el tema.
El caso más crítico es El Carmen, que registra un 0% de cumplimiento: no ha enviado su plan de seguridad ni ha realizado sesiones del concejo correspondiente a la temática. Le sigue Pemuco, que tampoco ha remitido este instrumento, aunque presenta un leve avance del 21% en cuanto a sesiones comunales enfocadas en el control de la delincuencia.
Ñiquén y Pinto, en tanto, tampoco han entregado su documento de planificación, pero muestran avances en la convocatoria de sus concejos: Ñiquén alcanza un 71% de sesiones realizadas, mientras que Pinto registra un 79%.
En contraste, las comunas con mejor desempeño, por cumplir con los ítem mencionados, destacan Coihueco y Bulnes, ambas con 100% de logro. Otras localidades sobresalen como Trehuaco, cuyo plan de seguridad alcanza un 100% y las sesiones municipales 93%. Luego Yungay con un 100% en el documento y 86% en la celebración de concejos municipales al igual que San Carlos.
En la categoría de comunas “urgentes”, o sea aquellas con alto peligro delictual dentro de la región, Chillán, San Carlos y San Fabián se mencionan con un 100% de cumplimientos de su instrumento y con más del 50% de avance en concejos de seguridad.
Exigencia legales
Según expone Contraloría, la importancia de esta temática radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
Cada municipio debe enviar las actas de todas las sesiones del Concejo Comunal de Seguridad Pública a la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como los planes comunales, los cuales deben actualizarse anualmente. Esta obligación debe cumplirse a través del Sistema de Registro de Sesiones de Concejos, Diagnóstico y Planes Comunales (SIRECC).
Además, dentro de los diez días hábiles posteriores a cada sesión del concejo, los alcaldes deben reportar a la SPD los detalles de la convocatoria, temas tratados y eventuales acuerdos adoptados.
Según explicó la Contraloría, esta información permite monitorear el funcionamiento de los concejos, verificar la coherencia de los planes locales con la estrategia nacional, y brindar apoyo técnico a los municipios en la formulación y actualización de sus planes de seguridad.
