Un nuevo debate político se abrió en torno a los embargos que han afectado a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que el expresidente Gabriel Boric criticara las medidas aplicadas a quienes mantienen obligaciones impagas con este sistema de financiamiento estudiantil.
A través de sus redes sociales, el exmandatario cuestionó que se estén ejecutando embargos de cuentas bancarias mientras no se ha logrado avanzar en una solución estructural para la deuda educativa. Boric aseguró que durante su administración existió consenso técnico para impulsar un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior y aliviar la carga financiera de miles de familias, pero acusó que la oposición de entonces se negó a respaldar los cambios propuestos.
“Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, afirmó.
El exjefe de Estado también vinculó la situación con la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado, cuestionando las prioridades del actual gobierno. En ese sentido, sostuvo que existe un trato severo hacia familias endeudadas, mientras persisten dificultades para enfrentar actividades ilícitas asociadas al crimen organizado.
Finalmente, llamó a las fuerzas progresistas a impulsar medidas que permitan terminar con los embargos y retomar la discusión sobre una reforma al sistema de financiamiento de la educación superior.
Respuesta del Gobierno
Las declaraciones provocaron una rápida respuesta del ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien rechazó las críticas y sostuvo que se trata de materias distintas. “Yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”, señaló.
El secretario de Estado además responsabilizó al exmandatario por haber prometido durante su gobierno la condonación del CAE, asegurando que ello habría incentivado a muchas personas a suspender sus pagos. Según explicó, las medidas de embargo afectan a deudores con ingresos superiores a los 3,5 millones de pesos mensuales que no han optado por reprogramar sus obligaciones.
