Antes que discutir si el crimen organizado está o no instalado en Ñuble, lo verdaderamente importante es asumir que sus manifestaciones ya están presentes y que la única estrategia responsable consiste en impedir que consolide su arraigo. Persistir en un debate semántico, mientras los hechos muestran una realidad más compleja, solo favorece a quienes se benefician del silencio, la negación o la subestimación del fenómeno.
Durante años, cada vez que las autoridades regionales fueron consultadas sobre la existencia del crimen organizado en Ñuble, la respuesta predominante fue tranquilizadora: aquí no existe. El argumento apuntaba a que la región no albergaba organizaciones criminales con estructuras permanentes como las detectadas en otras zonas del país. Sin embargo, esa afirmación siempre pareció insuficiente frente a una evidencia creciente de delitos cuya sofisticación excede con creces a la delincuencia tradicional.
El reciente caso del secuestro extorsivo ocurrido en Coihueco es un ejemplo. Una persona fue mantenida cautiva durante 18 días, obligada a empaquetar y comercializar drogas bajo amenazas de muerte y de represalias contra su familia, mientras los secuestradores exigían dinero por su liberación. No se trata de un delito común. Reúne elementos característicos de organizaciones criminales: privación de libertad, extorsión, narcotráfico, intimidación sistemática y obtención de recursos ilícitos mediante violencia. La prisión preventiva decretada para los cuatro imputados refleja precisamente la gravedad de estos hechos.
Este episodio se suma, además, a antecedentes conocidos hace pocos días. Un reportaje de La Discusión en 2025 recordó que un informe de la Fiscalía Nacional estableció que el 43% de los secuestros investigados en Ñuble durante la última década presentan vínculos con crimen organizado, cifra que contrasta con el discurso sostenido durante años por diversas autoridades regionales.
Por eso resulta especialmente relevante el mensaje entregado por el nuevo fiscal regional, Rolando Canahuate, al asumir el cargo. Su planteamiento evita caer en la falsa dicotomía entre afirmar o negar categóricamente la existencia del fenómeno. Su preocupación apunta a algo mucho más relevante: impedir que “se nos abran sendas que no llevan a ningún destino, como el crimen organizado”. Esa mirada preventiva parece mucho más útil que la insistencia en instalar una sensación de normalidad.
También es significativa la estrategia anunciada para perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales. La experiencia internacional demuestra que estas estructuras no solo se combaten con detenciones, sino también siguiendo la ruta del dinero, desarticulando sus mecanismos de financiamiento y evitando que infiltren la economía formal mediante el lavado de activos.
Ñuble todavía conserva ventajas respecto de otras regiones que hoy enfrentan organizaciones criminales plenamente consolidadas. Su menor tamaño, una institucionalidad que aún puede coordinarse con rapidez y una ciudadanía que mantiene fuertes redes comunitarias constituyen fortalezas que no deben desperdiciarse. Pero esas ventajas pueden desaparecer si prevalece la autocomplacencia.
La historia reciente de Chile demuestra que el crimen organizado no se instala de un día para otro. Avanza aprovechando vacíos institucionales, territorios poco vigilados, debilidades investigativas y, sobre todo, diagnósticos equivocados. Cuando finalmente se reconoce su presencia, muchas veces ya ha desarrollado redes económicas, sociales y logísticas difíciles de desmantelar.
