La expansión de las parcelaciones y los asentamientos habitacionales fuera de los límites urbanos se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes para la planificación territorial de Ñuble. Lo que comenzó como una alternativa atractiva para familias que buscaban mayor espacio, tranquilidad y contacto con la naturaleza, hoy está dejando en evidencia una serie de problemas que comprometen la calidad de vida de sus habitantes y la capacidad de respuesta de los municipios.
Las realidades de Chillán, Coihueco y Pinto dan cuenta de una situación que no puede seguir siendo abordada como un conjunto de dificultades aisladas. La falta de agua potable, caminos adecuados, iluminación, recolección de residuos y cobertura de seguridad son algunas de las consecuencias de una ocupación del territorio que, en muchos casos, se desarrolló sin considerar las condiciones necesarias para sostener nuevos asentamientos humanos.
El caso de Verde Esperanza, en la periferia de Chillán, donde al menos 30 familias enfrentan desde hace años problemas de acceso, ausencia de redes de agua potable e inundaciones, es ilustrativo de lo que ocurre cuando la expansión habitacional precede a la planificación. En Coihueco, el municipio advierte sobre la presión que ejercen los nuevos residentes para mejorar caminos, instalar luminarias y disponer de agua potable, mientras que en Pinto se agregan preocupaciones por problemas de seguridad e incivilidades en sectores donde antes no eran habituales.
No se trata de cuestionar el legítimo interés de las familias por acceder a una vivienda y a terrenos más económicos que los disponibles en las ciudades. Tampoco de desconocer que las parcelaciones pueden representar una oportunidad de desarrollo para propietarios agrícolas que enfrentan dificultades de rentabilidad. Sin embargo, una cosa es subdividir legalmente un predio y otra muy distinta es convertirlo, de hecho, en un asentamiento residencial sin las condiciones de urbanización que ello exige.
El problema es que los costos de esta expansión terminan trasladándose a las administraciones comunales, que deben responder con presupuestos limitados a demandas que no estaban contempladas en su planificación. Se configura así una paradoja: mientras la ocupación de nuevos terrenos responde a decisiones privadas, buena parte de las obligaciones posteriores termina recayendo sobre el Estado y, particularmente, sobre municipios que no cuentan con recursos suficientes para extender servicios a sectores cada vez más dispersos.
Las consecuencias van más allá de las dificultades operativas. La proliferación de pozos, la presión sobre las napas, la pérdida de suelos agrícolas productivos y la fragmentación de ecosistemas comprometen recursos que son estratégicos para una región cuya identidad y economía están estrechamente vinculadas al mundo rural. No podemos mirar el campo como un espacio vacío disponible para ser ocupado sin considerar sus funciones productivas, ambientales e hídricas.
La disminución de las solicitudes de subdivisión, estimada en cerca de 60% entre 2022 y 2025, representa una oportunidad, pero no debe confundirse con la solución del problema. Los terrenos ya subdivididos siguen disponibles y su ocupación puede continuar aumentando. Por eso, la respuesta no puede limitarse a endurecer los controles sobre nuevas operaciones, sino que debe incorporar una mirada integral sobre el territorio.
