La Corte Suprema ordenó anular el juicio contra Martín Pradenas, encontrado culpable el pasado 6 de agosto de dos delitos de violación y cinco abusos sexuales a seis mujeres, perpetrados entre el 2010 y 2019, por los que recibió una pena de 20 años de cárcel.
En votación dividida, el máximo tribunal acogió por mayoría el recurso de nulidad presentado por la defensa del imputado, que advirtió la falta de imparcialidad de uno de los jueces antes y después de que se diera a conocer la condena, quien calificó a Pradenas como un “maldito violador” en sus redes sociales.
La Suprema reconoce en su fallo que hubo vulneraciones en los derechos constitucionales del acusado al no garantizarse un proceso imparcial, debido a la conducta de Leonel Torres Labbé, uno de los jueces y redactor de la sentencia contra Pradenas.
Por ello, “dispuso que la Corte de Apelaciones de Temuco instruya una investigación sumaria respecto del juez Leonel Torres Labbé, para determinar una eventual responsabilidad disciplinaria en su actuar durante el juicio”.
No obstante, el escrito precisa que el máximo tribunal “no cuestiona el fondo de la resolución, como lo son las pruebas rendidas, la participación atribuida al acusado y la perspectiva de género plasmada en la resolución del caso, sino la vulneración a la garantía del ‘juez imparcial’”.
Por otro lado, el fallo establece que Pradenas deberá esperar la apertura de un nuevo juicio en prisión preventiva, según informó radio Cooperativa.
Fiscalía espera el mismo resultado
Antes de la confirmación del máximo tribunal, Alejandro Barra, padre de Antonia -una de las hasta ahora acreditadas víctimas del imputado, quien se quitó la vida-, señaló a Cooperativa que al culminar este proceso, “el resultado debería ser el mismo”, ya que “no se está cuestionando nada de lo que fue culpable”.
En la misma línea, durante esta jornada el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo esperar que el nuevo juicio tenga un resultado similar al anterior, dado que la resolución “no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación ni el trabajo realizado por las policías y el Ministerio Público, como asimismo las pruebas aportadas por los querellantes”.