Una auditoría financiera al Programa de Integración Urbana de Campamentos —administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo junto a los Serviu regionales— reveló severas anomalías en la asignación y pago de subsidios de arriendo entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
De acuerdo con el Informe N° 314 de 2026 emitido por el organismo fiscalizador, el programa —que cuenta con financiamiento parcial mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 120 millones de dólares— registró desembolsos a personas fallecidas, arrendamientos entre familiares directos y doble beneficio habitacional.
Entre los principales hallazgos del informe se estableció que “168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos”, advirtiéndose además que “la Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos, situación que generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553”.
Asimismo, el documento consignó infracciones directas a las normas del beneficio al detectarse vínculos de parentesco entre arrendadores y arrendatarios: “172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos, incumpliendo las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases del beneficio. Los montos asociados a estos casos alcanzan los $110.487.033”.
Además, “19 beneficiarios mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación incompatible con los requisitos del programa. Los pagos efectuados en estos casos totalizan $14.405.016”.
En paralelo, la auditoría comprobó que “dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024”, lo que representó desembolsos indebidos por 3.539.119 pesos.
Ante las anomalías comprobadas, el organismo de control dispuso medidas inmediatas para subsanar la rendición de los fondos internacionales y determinar las culpas administrativas correspondientes.
Según precisó el reporte, la Contraloría “instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para acceder al subsidio”.
De igual forma, el documento concluyó señalando que la entidad del Ejecutivo “deberá concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas por la auditoría”.
