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Contraloría detectó cuatro funcionarios condenados en municipio de Chillán: solo uno sigue trabajando

Mauricio Ulloa

La Contraloría General de la República detectó que cuatro funcionarios de la Municipalidad de Chillán registran condenas por delitos, situación que contraviene las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la administración pública. A raíz de este hallazgo, el organismo instruyó al municipio realizar una investigación sumaria para esclarecer los casos y determinar eventuales responsabilidades.

El antecedente forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29, dado a conocer en noviembre de 2026, que identificó  a nival nacional a 315 funcionarios y servidores públicos que actualmente se desempeñan en instituciones del Estado pese a registrar condenas penales. Del total, el 77% por simples delitos (244) y el restante, o sea, el 23%, por crímenes (73).

A su vez el informe también estableció un ranking de las 10 instituciones públicas con mayor número de personas en esta condición, listado encabezado por Carabineros, con 84 casos, seguido por el Ejército (22) y la Armada (8). En este contexto, la Municipalidad de Chillán aparece en el octavo lugar, con cuatro personas identificadas.

Consultado por La Discusión, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, explicó que al momento de ingresar a trabajar al municipio se exige un certificado de antecedentes, pero que es responsabilidad de cada funcionario informar si durante el ejercicio de sus funciones recibe una condena por crimen o simple delito.

“Si usted entra a trabajar y después comete un error, nosotros no tenemos cómo saberlo. Pedimos un certificado de antecedentes cuando lo contratamos, pero lo que ocurre posteriormente es responsabilidad de la persona informarlo. Si no lo hace, no tenemos cómo saberlo, porque ese documento se solicita solamente al momento de la contratación”, señaló.

Sus declaraciones se sustentan en el marco de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual explica que cuando un funcionario es condenado por un crimen o simple delito durante el ejercicio de su cargo, se configura una inhabilidad sobreviniente que le impide continuar en sus funciones, debiendo informar esta situación en un plazo de 10 días a su superior jerárquico y presentar su renuncia.

La autoridad agregó que, por instrucción de Contraloría, el municipio designó a Alejandra Martínez, directora de Dideco, y Ricardo Betancourt, director jurídico, para desarrollar la investigación sumaria correspondiente.

Benavente precisó que los antecedentes específicos de las personas involucradas son de carácter reservado y que será el proceso administrativo liderado por ambos fiscales el que permita establecer eventuales responsabilidades.

“El sumario tiene que ver si la persona involucrada, ¿por qué no informó? ¿Dónde está el cuestionamiento? Es que él debe informar. Cualquier funcionario público que comete un acto y es condenado, tiene la obligación de informar.  Aquí, los fiscales son los que toman decisiones. No el alcalde”

En esa línea, enfatizó que las responsabilidades administrativas recaen sobre quienes tienen a su cargo los procedimientos disciplinarios, señalando que las decisiones sobre eventuales sanciones o desvinculaciones deben adoptarse en el marco de las investigaciones respectivas.

Solo un funcionario con vínculo laboral 

A través de una declaración posterior, la Municipalidad de Chillán entregó antecedentes sobre la situación de las cuatro personas mencionadas en el informe de Contraloría y aclaró que, a la fecha, solo una mantiene actualmente un vínculo laboral con la administración comunal.

Según detalló el municipio, dos de las personas identificadas ya habían sido desvinculadas antes de la publicación del informe del organismo. Una tercera se desempeñaba en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) y dejó de depender de la Municipalidad de Chillán con el traspaso de la educación pública al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Respecto del único caso que continúa ejerciendo funciones laborales, la administración comunal informó que instruirá un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades, conforme a lo solicitado por el organismo contralor.

 

 

 

 

 

 

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