Continúa la tensión en el municipio por comisión investigadora que cuestiona mantención de áreas verdes en Chillán

La mantención de las áreas verdes de Chillán, bajo concesión por parte de la empresa Parques Johnson, sigue generando cuestionamientos en el concejo municipal presidido por el alcalde protocolar y concejal, Rodrigo Ramírez, en reemplazo a Camilo Benavente.

La autoridad comunal se encuentra suspendida tras un fallo del Tricel por irregularidades en su gestión, entre ellas, la falta de fiscalización al cumplimiento del contrato con la firma antes mencionada, que fue advertida por Contraloría General de la República en un informe emitido en enero de 2024.

Lo anterior tras una auditoría realizada entre enero de 2022 y julio de 2023 que arrojó incumplimiento en las bases administrativas y técnicas del contrato. Algunos de los problemas que se detectaron en ese periodo de tiempo, a juicio de la Comisión Investigadora, presidida por la concejala Carolina Chávez, continuarían en los periodos posteriores a la fecha investigada por el organismo, por lo que entregaron los antecedentes al secretario municipal a fin de solicitar, a la primera autoridad, una nueva investigación por parte de contraloría y el ministerio público.

Leer también: Detectan irregularidades en la mantención de áreas verdes de Chillán

“Desde el 1 de agosto de 2023 a la fecha, es decir, en el periodo no auditado, se siguieron cometiendo las mismas irregularidades como lo pudimos constatar en terreno cuando visitamos las áreas verdes el 3 de enero de 2025  y el 25 de marzo de presente año, más todos los antecedentes de la carpeta investigativa. Se solicita al alcalde o alcaldesa, por la gravedad de los hechos, que se remitan los antecedentes a contraloría y al ministerio público”, aseguró la concejal.

Por ejemplo, la edil mencionó que la comisión tomó conocimiento de un “déficit presupuestario crítico en la concesión de áreas verdes, ya que se cancelaron facturas del año 2024 con presupuesto de 2025, por lo tanto, faltarían 620 millones para terminar los tres últimos meses de este año”.

En vista de los antecedentes, Carolina Chávez cuestionó el rol de la municipalidad en la relación contractual que mantiene con la firma.

“Entre las irregularidades detectadas se encuentran situaciones que ya habían sido advertidas por Contraloría, como inconsistencias en fechas respecto a servicios contratados, entre otras observaciones que podrían revestir mayor gravedad. Por respeto al proceso y a mis colegas, me reservo mayores detalles en esta instancia. (…)Es importante recalcar que los antecedentes recabados son serios, y lo más grave aún es que no se tomaron medidas correctivas sustantivas por parte de la administración municipal. Esto resulta especialmente preocupante, considerando la responsabilidad institucional que corresponde frente a los hallazgos”, dijo.

La concejala e integrante de la Comisión especial, Brígida Hormazábal, quien visitó en terreno los espacios verdes concesionados, concluyó que el tratamiento otorgado por parte de la firma, no ha sido el adecuado, por lo que se espera que la administración municipal pueda pronunciarse respecto a la supervisión que ha hecho a este servicio.

“Hubo fiscalización en terreno y las áreas se están muriendo. Es cosa de mirar, todo lo que implica mobiliario concesionado, no se está cumpliendo  100% en función a las bases. Hay juegos infantiles que necesitan una mantención permanente porque son un peligro para los niños, como bancas levantadas, deficiencias en el soporte de columpio, son cosas que periódicamente debieran ser revisadas. Hay riego que debe hacerse con mayor frecuencia, porque tenemos áreas clase A y B, y no se hace. (…)Estamos a la espera de una respuesta que nos tiene que dar la administración”, comentó.

La edil consideró pertinente evaluar un posible término anticipado del contrato con la firma, ya que no se está respondiendo ni a las bases ni a las expectativas del servicio.

“El término anticipado del contrato hace tiempo, incluso de la administración anterior, estábamos solicitando esto, pero al final sacaron las cuentas que era muy complicado. La determinación no la podemos determinar nosotros, para eso están los ITO que deben aplicar las multas y dar un informe. Si esto se sigue repitiendo, no hay mejoría, hay que esperar que ellos (empresa) haga sus descargos, porque tiene derecho, en los puntos que se consideran que no se están cumpliendo. Necesitamos tener las respuestas, que es lo que estamos pidiendo. Esto se veía venir, porque no tenía experiencia en áreas verdes. Recuerdo cuando teníamos que votar en el administración anterior teníamos dos votos en contra, yo leí todas las bases, no había riego tecnificado como exigía las bases, y yo voté en contra, Fuimos dos, entonces, sabíamos que iba a pasar esto”, sostuvo.

En respuesta a los hallazgos de la comisión, desde municipio señalaron que se encuentran preparando una respuesta sobre este tema, además de la información previa entregada para los integrantes de la misma, es decir, Carolina Chávez, Raúl Franulic, Catalina Sandoval y Brígida Hormazábal.

Asimismo consideraron  improcedente la dinámica de trabajo de esta comisión, en particular,  al citar a funcionarios a declarar sobre la mantención concesionada de áreas verdes, considerado desde la óptica municipal un ejercicio fuera de la potestad que le confiere a esta.

“Es dable señalar que el alcalde Benavente votó por la conformación de una comisión investigadora. Sin embargo, no puede ser a expensas de los funcionarios. El concejo municipal tiene facultades establecidas en la ley, y sus atribuciones se deben enmarcar dentro del principio de legalidad. Citar a directamente a funcionarios a declarar como si fuera un tribunal o una comisión parlamentaria, no es una de ellas y nadie puede ser juzgado por Comisiones o Tribunales especiales”,  sostuvo Alejandra Martínez, administradora municipal (s).

Según la administradora, el reglamento interno contempla la posibilidad de designar comisiones especiales o investigadoras. Sin embargo en cuanto a la manera de funcionar y obtener la información requerida por parte de la comisión, consideró que se ha producido una serie de situaciones irregulares y apartadas del principio de legalidad.

Es por todo esto, que el Municipio remitió los antecedentes a Contraloría, para que ellos se pronuncien respecto a las facultades de la comisión y a la legalidad de los interrogatorios. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los concejales y dar tranquilidad a los funcionarios.