El nuevo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para el valle central de Ñuble enfrenta hoy una de sus pruebas más importantes: demostrar que puede transformarse en una política ambiental eficaz sin perder de vista la realidad social, económica y cultural de las comunas donde pretende aplicarse. Las 28 observaciones ciudadanas ingresadas durante el proceso de consulta pública son una señal positiva. Más allá de las discrepancias, revelan una comunidad atenta, consciente de la gravedad de la contaminación atmosférica y dispuesta a participar en la construcción de soluciones.
La discusión no es menor. El futuro PDA abarcará 13 comunas, muchas de ellas rurales, con dinámicas muy distintas a las de Chillán y Chillán Viejo, territorios que ya acumulan una década de aprendizaje, adaptación y tensiones bajo el actual plan de descontaminación. Esa experiencia previa marca una diferencia fundamental. En la capital regional y su comuna vecina, el recambio de calefactores, las restricciones en episodios críticos y el concepto mismo de contaminación intradomiciliaria ya forman parte de la conversación cotidiana. Existe una cultura ambiental que, aunque imperfecta, ha ido consolidándose con el tiempo.
En otras comunas el escenario es distinto. Allí la calefacción a leña sigue siendo, muchas veces, la única alternativa económicamente viable. Las redes eléctricas son inestables. Los pellet no siempre están disponibles. El aislamiento térmico de las viviendas es precario. Y las prácticas agrícolas y forestales asociadas al uso del fuego forman parte de tradiciones productivas de larga data. Pretender aplicar idénticas exigencias, con los mismos plazos y sin considerar las diferencias territoriales, puede terminar debilitando la legitimidad social del propio instrumento.
Por eso resulta valioso que las observaciones ciudadanas hayan puesto el foco precisamente en la gradualidad, la pertinencia territorial y la necesidad de acompañar las restricciones con apoyo real. Las advertencias sobre pobreza energética, dificultades técnicas en escuelas rurales, limitaciones para pequeñas comunidades agrícolas o la necesidad de fortalecer infraestructura eléctrica no pueden ser vistas como resistencia al cambio. Son alertas legítimas que apuntan a un principio básico: la transición ambiental requiere viabilidad social.
El debate sobre las quemas agrícolas refleja bien esa complejidad. Mientras algunos exigen avanzar decididamente hacia su eliminación, otros advierten riesgos de incendios forestales si no existen mecanismos flexibles de manejo preventivo. Ambas posiciones contienen elementos atendibles. Lo mismo ocurre con el uso de la leña. Nadie discute hoy que la contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas sanitarios de Ñuble, pero tampoco puede ignorarse que miles de familias dependen de este combustible para enfrentar el invierno.
El desafío del Estado no consiste únicamente en dictar prohibiciones, sino en construir condiciones para que los cambios sean posibles y sostenibles en el tiempo. De poco sirve exigir calefacción más limpia si las familias no pueden costearla. Tampoco basta con imponer estándares a establecimientos públicos rurales sin financiamiento adecuado para reconvertir infraestructura.
El futuro PDA debe recoger la experiencia acumulada en Chillán y Chillán Viejo, donde el aprendizaje ciudadano ha sido lento, complejo y muchas veces conflictivo. Esa década demuestra que los cambios culturales sí pueden ocurrir, pero requieren tiempo, educación, incentivos y confianza pública.
