Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentó ante el Tribunal Constitucional el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, en el marco del proceso disciplinario que enfrenta, cuya sanción de 60 días de suspensión y eventual remoción se encuentra actualmente en revisión ante la Corte Suprema.
La acción cuestiona la aplicación de cuatro disposiciones del Código Orgánico de Tribunales (COT), al considerar que, en este caso concreto, permiten sancionar una conducta mediante criterios que no habrían sido previamente definidos con suficiente precisión por la ley. El requerimiento sostiene que ello vulneraría los principios de legalidad, tipicidad, previsibilidad y proporcionalidad, además del derecho a un procedimiento racional y justo.
El origen del proceso disciplinario está en una investigación paralela a una causa penal. Según los antecedentes del requerimiento, el conservador habría actuado como intermediario para canalizar $25 millones, transferencias de dinero relacionadas con Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, en el contexto de la llamada Trama Bielorrusa.
El fiscal judicial que instruyó el proceso propuso inicialmente una suspensión de un mes, considerando la conducta anterior del investigado y su colaboración durante la investigación, además de los cuatro meses que ya había permanecido suspendido cautelarmente. Sin embargo, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán elevó la sanción a 60 días, la máxima contemplada en el artículo 539 del COT para estos efectos, y dispuso que, una vez ejecutoriada, se iniciara un procedimiento de remoción. La Corte consideró que la medida de un mes era insuficiente frente a la gravedad y repercusión de los hechos.
La “trama bielorrusa” (o caso “Muñeca Bielorrusa”) es un escándalo judicial y de corrupción que Involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su pareja Gonzalo Migueles y a abogados defensores en pagos de coimas y lavado de activos para favorecer a un consorcio chileno-bielorruso en un litigio contra Codelco.
