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Una nueva batalla a dos frentes se está registrando en la denominada “guerra del agua” en el río Laja, donde los usuarios organizados siguen luchando para dejar sin efecto la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA), de agosto de 2023, que asignó de manera irregular 10,4 metros cúbicos por segundo adicionales, a la asociación de canalistas del canal Zañartu, el que ya cuenta con un caudal asignado de 22,6 m3/s.
Entre los usuarios de las aguas del río Laja se cuentan otros regantes, muchos de Los Ángeles, como la Asociación de Canalistas del Laja, así como el sector turismo (Salto del Laja), y también los regantes, en la región de Ñuble, que reciben un aporte importante de aguas (cerca de 26 m3/s) a través del canal Laja-Diguillín.
Se trata de un conflicto que se viene arrastrando desde 2011, y que ya había sido zanjado por la Corte Suprema en 2021 y por la propia DGA en 2022, no solo negando las pretensiones de los canalistas del Canal Zañartu, sino que también, aplicando sanciones al Canal Zañartu por la extracción ilegal de aguas y ordenando la destrucción de obras de captación no autorizadas, sin embargo, un repentino cambio de criterio en las autoridades de la DGA sorprendió a los usuarios de aguas y a la comunidad en general, con la decisión, en agosto de 2023, de otorgar al canal Zañartu un aumento de caudal de 22,6 a 33 m3/s, abriendo un nuevo capítulo de esta historia.
Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, manifestó que la DGA tuvo un cambio de criterio improcedente, al otorgar al canal Zañartu un aumento de caudal de 22,6 a 33 m3/s, pese a que en 2021 multó a dicha organización por extracción ilegal de aguas y pese a la sentencia de la Corte Suprema, que en agosto de 2021 confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, de febrero de 2021, que rechazó la extracción ilegal de agua por sobre los 22,6 m3/s por parte del canal Zañartu. De hecho, en diciembre de 2022, la DGA rechazó el recurso de reconsideración que había ingresado el canal Zañartu, por lo que el conflicto parecía zanjado.
“En la parte jurídica, la DGA no debió haber hecho una resolución el 30 de agosto de 2023, porque ya tenía otra ejecutoriada por la Corte Suprema; y al mismo tiempo, en la parte administrativa, ya estaba resuelta a través de un recurso de reconsideración que se le rechazó al canal Zañartu, entonces esta situación se fue a la Corte de Apelaciones de Santiago y está judicializada desde febrero, y la DGA, el 30 de agosto del año pasado, sacó de oficio una resolución en que le reconoce 33 m3/s, que es una resolución complementaria, según la DGA, pero en realidad, cambia el foco completamente, porque aumenta casi en 50% los caudales de agua”, detalló Villagra.
El timonel de los regantes del Diguillín expresó que “esta resolución que sacó la DGA es para nosotros sumamente grave, porque nosotros como como Junta de Vigilancia, todavía no tenemos completamente terminado nuestro proyecto Laja-Diguillín, existe un montón de ‘blancos’ que todavía no reciben agua, porque no se ha avanzado en la construcción de los canales secundarios, porque también existe temor de que mientras exista esta posibilidad de que el canal Zañartu pueda extraer estas cantidades enormes de agua del río Laja; a nosotros nos complica completar nuestro proyecto de los 40 m3/s del canal Laja-Diguillín”.
Precisó que, en la pasada temporada, el Laja-Diguillín entregó cerca de 26 m3/s, de los cuales 10 m3/s se distribuyen en Yungay, Pemuco y El Carmen (Agrocanal), y 16 m3/s para los usuarios de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín. La diferencia para alcanzar los 40 m3/s se completará con 4 m3/s para Agrocanal y 10 m3/s para la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, con la incorporación de más de 1.800 pequeños agricultores “blancos”, que hoy no cuentan con riego para unas 10 mil hectáreas en Bulnes y San Ignacio.
“Y si está todavía este asunto en que la DGA empieza a favorecer a canales como el Canal Zañartu, por un proyecto hidroeléctrico que ellos tienen, en circunstancias que jamás en la historia han extraído esa cantidad de agua del río, desequilibra toda la cuenca”, abundó Villagra.
“Entonces, nosotros nos vimos obligados a presentar esta querella, porque ya nos quedan pocos caminos que recorrer, o sea, hemos hecho todo lo posible, por tratar de que la DGA corrija su resolución a lo que corresponde”, subrayó.
“Para nosotros es grave, porque esos 10 m3/s que se le están entregando al Canal Zañartu es durante todo el año, y nosotros, regamos casi 10 mil hectáreas con 10 m3/s solo en la temporada de riego, y en la práctica, es menos que eso, dada la menor disponibilidad hídrica”, argumentó el dirigente, quien advirtió que una decisión como ésta afecta a toda la cuenca del Laja, por los impactos que pudiera tener la sobreexplotación del lago Laja.
Querella criminal
Juan Carlos Villagra recordó la disputa legal anterior que ganaron y reflexionó que, en este caso, no se puede descartar que hubiera tráfico de influencias, y apuntó a una eventual arista política, dado que la Asociación de canalistas del canal Zañartu es presidida por Patricio Sabag Villalobos, hijo del exsenador, Hosain Sabag y hermano del exdiputado, Jorge Sabag. “Yo no tengo pruebas para llegar a esa conclusión, pero esperamos que a nivel judicial pueda aclararse qué pasó y por qué pasó”, comentó.
En esta materia, el abogado que representa al Canal Zañartu es otro exDC, Fuad Chaín Valenzuela, quien fue expulsado de ese partido en febrero de 2023.
“Ganamos en tribunales todo lo que teníamos que ganar y la DGA, por otro lado, nos sale con este asunto sin que hubiese habido aparentemente una solicitud oficial del canal Zañartu”, enfatizó. “Lo consideramos una anomalía, algo que está fuera de la ley, creemos que es totalmente ilegal y por eso interpusimos la querella correspondiente”, sostuvo.
El pasado 24 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella criminal interpuesta en los días previos por el destacado abogado penalista Carlos Cortés, en representación de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus afluentes, la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola de Biobío A.G., la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja A.G. y Aproleche Biobío A.G., en contra de Rodrigo Sanhueza Bravo, director general de la DGA; de Nicolás Ureta Parraguez, jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA; y de Pamela Garay De la Fuente, jefa de la Unidad de Supervigilancia del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA; “por la comisión del delito de prevaricación administrativa del art. 228 del Código Penal; y en contra de quienes resulten responsables a título de autor, autor cooperador, cómplice y encubridor por el delito ambiental del art. 305 del Código Penal, en su calidad de delito económico de segunda categoría de la Ley 21.595”.
Al respecto, Villagra puntualizó que, a partir de esta querella, esperan que se deje sin efecto la resolución de la DGA. “Esperamos que se produzca ese cambio o que se tome conciencia de que, si la justicia dice que fue algo ilegal, esperamos que de que se deje sin efecto esa resolución que sacó la DGA”, afirmó.
Comisión Investigadora
Consultado por las gestiones realizadas ante el Ministerio de Obras Públicas para evitar llegar a tribunales, Juan Carlos Villagra aseguró que sostuvieron reuniones en todos los niveles, “y no ha habido una respuesta concreta, mientras sigue pasando el tiempo”.
Dada la asociación que se hace con las influencias que pudiera tener la familia Sabag en el aparato público, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín aseveró que, esta vez, han emprendido acciones en la arena política para corregir esta mañosa conducta de las autoridades de la DGA, en alusión a la comisión especial investigadora que se acordó crear en la Cámara de Diputados.
“Sospechamos que es una decisión política, en el fondo es eso, es una decisión política y que podría ser revertida también con una decisión política”, planteó. “Son acciones paralelas para resolver el mismo problema”, agregó.
En efecto, la iniciativa liderada por el diputado por Ñuble, Felipe Camaño -exaliado de Jorge Sabag-y apoyada por todos los diputados de la región, permitió que se aprobara en la Cámara, el pasado 22 de julio, la conformación de una comisión especial investigadora de este hecho.
“En mi calidad de presidente de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, recibimos denuncias de parte de canalistas de Ñuble y Biobío por un supuesto favorecimiento ilícito de derechos de agua desde la DGA hacia la asociación de canalistas del Canal Zañartu, una decisión con poco sustento técnico y que enciende muchas alarmas respecto a la forma en que se entregan los aumentos de caudal en la región”, manifestó el parlamentario.
Se requerían 62 firmas y luego de reunidas, se dio cuenta en la sala el pasado 22 de julio, la que aprobó la creación de la comisión investigadora. De esta forma, ahora los jefes de bancadas tienen plazo hasta el 14 de agosto para informarle a la mesa de la Cámara los nombres de los integrantes de esta comisión, y luego de eso corren diez días de plazo para que comience a funcionar. El trabajo de la comisión especial durará 60 días y puede constituirse en cualquier lugar de Chile, tras lo cual debe emitir un informe a la sala, que debe ser votado por ésta.
Camaño recordó que, “esta denuncia ya se había hecho en la comisión de Agricultura y fue la comisión de Obras Públicas, la cual presido, la que adoptó como acuerdo el impulsar esta comisión especial investigadora y determinar qué hay detrás de una decisión que aumenta en casi 11 mil hectáreas la posibilidad de riego de solo una comunidad, misma comunidad que ha sido multada en el pasado por extracción ilegal de aguas y ahora es beneficiada misteriosamente sin una causa aparente, en una región donde existen agricultores que han esperado 20 años por derechos de aguas”.
“Por eso esperamos que la comisión pueda hacer su trabajo y determinar si los aumentos de caudal en las regiones de Ñuble y Biobío se están realizando de buena manera o existen responsabilidades administrativas o hasta penales en este asunto”, puntualizó el legislador.
La Discusión intentó obtener una declaración del nivel central del Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, se excusaron de referirse al tema, dado que, hasta la fecha, los profesionales de la DGA no habrían sido notificados de la querella.
