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El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó hoy, lunes 9 de diciembre de 2024, su primera sentencia condenatoria por un delito de corrupción durante este tiempo de vigencia del sistema procesal penal.
El fallo de la primera sala del TOP, presido por la magistrado Claudia Montero, decretó dos penas de 100 días más una tercera por 61 días de cárcel (con pena remitida) al único acusado por el llamado “Caso Aljibes” materializado entre diciembre de 2019 y enero de 2020, más un multa equivalente a la mitad de las ganancias obtenidas por el delito de “negociaciones incompatibles” a quien fuera el administrador municipal de Chillán.
Lo anterior equivale a un total de $8.693.615 a pagar en 10 meses continuos, además de hacerse cargo de las costas del juicio.
Finalmente, el fallo de primera instancia lo imposibilita de asumir o postular a cargos públicos por un total de cinco años.
“No debí firmar los decretos”
Aunque Vallejos Palacios figura en otra causa paralela, acusado por el delito de cohecho en el “Caso Led”, cuya data de investigación es anterior a la del inicio de las indagatorias judiciales por el caso Aljibes, la anterior aún ni siquiera cuenta con la diligencia de la acusación.
Por esta razón es que esta investigación de la Fiscalía Local de Chillán y de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, quedará escrita como la primera sentencia por caso de corrupción en la región.
“Nos parece una sentencia innovadora”, comentó la fiscal Nadia Espinoza, quien añadió que “se destaca que el tribunal acogió la doble modalidad por la cual el Ministerio Público acusó a Ricardo Vallejos, es decir por darse interés a sí mismo, por un lado; y por otro a su grupo familiar, puntualmente a su hermano y sus dos sobrinos”.
El acusado, cuyo abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, aconsejó admitir todos los cargos de la acusación, explicó el contexto del a contratación de la empresa Wof, de la que participaba su sobrino.
Apunta a que se generó una emergencia hídrica y una urgencia por enviar camiones aljibe a las zonas rurales de Chillán más afectadas por la falta de agua potable.
De las dos empresas prestadoras de este servicio, había otras dos, pero ambas estaban con prohibición del Estado de postular a estas licitaciones. La que quedaba era Wof, y además con tarifas menores.
Pese a lo anterior, Vallejos, quien para evitar investigaciones sumariales fue acusado de hacer traspasos de bienes de esta empresa otras ideológicamente falsas, reconoció que “los hechos expresados por el abogado del Consejo de Defensa del Estado y la señorita fiscal son efectivos, son verdaderos”.
Añadió, dentro del mismo contexto, que “no debí haberlo firmado (el decreto) porque efectivamente la empresa Wof, como lo había dicho, había constituido una sociedad con mi sobrino que era dueño de la empresa como dijo la señorita fiscal, la empresa Terrasky el año 2018”.
Pese a que la investigación arroja la participación en estos hechos de más involucrados, algunos de ellos incluso fueron formalizados, finalmente, la Fiscalía se decantó por acusar solo por el delito de “negociación incompatible” atribuible solo a funcionarios, razón por la que solo Ricardo Vallejos en su calidad de empleado municipal y alcalde subrogante, fue enjuiciado.
La defensa cuenta con 10 días para apelar de la sentencia.
