Durante la jornada de este miércoles, el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, cumplió con sus labores de manera regular, visitando zonas afectadas por las lluvias y revisando otros asuntos administrativos.
Esto, debido a que la medida cautelar que le impuso el Juzgado de Garantía de Chillán, tras ser formalizado por presuntos delitos de carácter sexual, no le impedían seguir ejerciendo, ya que tiene un arresto domiciliario que rige entre las 22.00 y las 06.00 de cada día, hasta nueva disposición judicial.
Considerando que la formalización -en sede penal- no significa sanciones, el Tribunal Electoral Regional no cuenta con argumentos jurídicos para revisar la continuidad de las funciones del jefe comunal.
De todas formas, el abogado Roberto Gutiérrez, experto en derecho municipal, advierte que “en caso que haya un cambio de cautelares y se le decrete o la prisión preventiva o el arresto domiciliario total por un plazo superior a los 90 días, entonces, el concejo está obligado a nombrar a otro alcalde”.
Por otra parte aclara que “el que no pueda acudir a trabajar en horas de la noche, por estar bajo arresto domiciliario nocturno, no basta para invocar un notable abandono de deberes”.
Concejales divididos
Pese a esto, los concejales se han mostrado divididos en cuanto a lo que esperan sea la situación del alcalde tras la apertura de la investigación fiscal en su contra.
Algunos ediles, como Evelyn Baltierra o Luis Gacitúa, reconocen que la situación ha generado preguntas entre la comunidad, “y lógicamente se ve preocupación entre los vecinos y hasta cierto nerviosismo entre los funcionarios municipales”, apunta la concejal Baltierra.
De todas formas, ambos apelan a la cautela y anticipan que no esperan forzar acciones que busquen su destitución, hasta que la justicia se pronuncie.
Luis Gacitúa ahonda en el impacto que ha generado en el municipio, y aclara que “no es primera vez que pasamos algo así. De hecho, el mismo día tras las elecciones el alcalde tuvo un problema con la justicia, sin embargo, se ha trabajado en el engranaje interno de manera correcta y en todas las reparticiones hay un funcionamiento correcto y un discurso único”.
Como contrapunto asoma la postura del concejal Carlos Molina, quien de hecho fue el único que mencionó el tema de la formalización en la sesión de concejo que se celebró el mismo día martes, tras la audiencia en el juzgado.
“Lo que yo le hice saber es que se viene en este mes de julio un informe de la Contraloría, respecto a un episodio que él tuvo, gravísimo, contra un funcionario municipal y su señora, y si el informe resulta negativo y se acreditan las acusaciones hechas por los denunciantes, yo mismo iba a iniciar las acciones para removerlo del cargo”, explicó.
Hasta el momento, no ha habido comunicados oficiales al respecto por parte del municipio.
