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Tal vez pueda resultar un poco cansador el hecho de que con frecuencia se vayan entregando en esta columna comentarios e informaciones que nos muestran problemas y cuestionamientos al embalse La Punilla. No obstante, la contribución que puede hacer la prensa al control social o accountability que necesita toda sociedad es fundamental, sobre todo cuando está en juego una inversión que será muy significativa, tanto en materia de empleo como en el fortalecimiento de la vocación agrícola y agroindustrial de la Región de Ñuble.
Y no son precisamente “buenas noticias” las que surgen al analizar los últimos acontecimientos asociados a este proyecto, que lleva un siglo de espera y que hoy vuelve a ser presa de la incertidumbre, tras la delicada situación económica que vive la firma que se adjudicó la concesión para construir y operar esta obra de riego.
Ante este escenario, los regantes han reclamado una mayor proactividad del MOP en la búsqueda de una salida, aferrándose a los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró públicamente en su última visita a la zona que “La Punilla se construye con o sin Astaldi”, frase que ha sido replicada al menos en dos oportunidades por el subsecretario de esa cartera, Lucas Palacios.
Sin embargo, predecir resultados de un enunciado siempre es complejo e incierto y ésta no es la excepción, pues si los agricultores creían que “sin Astaldi” significaba que el Estado podía hacerse cargo de esta inversión, el ministro Alfredo Moreno se encargó de aclarar que esa no era la interpretación correcta. De hecho, la tesis de que los 550 millones de dólares que cuesta La Punilla podían provenir de la aplicación del DFL 1.123 que regula la construcción de grandes obras de riego por parte del Estado fue descartada de plano por el titular de Obras Públicas, que sigue confiando en el modelo de incorporación de capital privado.
Todo indica entonces que “sin Astaldi” solo significa -en último término- la posibilidad de cambiar de empresa, pero a olvidarse de poner en duda el modelo de negocios del proyecto (riego y generación de energía) y menos a no ejecutarlo bajo el sistema de concesiones.
Una sentencia previsible para un Gobierno que es defensor de la política de concesiones, tanto por ideología y desconfianza de la eficiencia estatal, como por argumentos de índole más pragmática que tienen relación con la escasez de recursos públicos para financiar esta mega obra.
Todo lo anterior puede ser muy atendible, pero la necesidad de que el interés general prime por sobre intereses particulares no siempre se garantiza con menos Estado.
Elevar a nivel de dogma la participación de capitales privados en la construcción de embalses puede ser un gran error y no solo por fallidas experiencia en otras áreas del desarrollo, sino sobre todo por la renuncia que hace el Estado a construir capacidades propias para resolver el déficit de infraestructura que tiene el país, volviéndose dependiente, por lo tanto, de las decisiones que toman grupos económicos generalmente extranjeros que buscan utilidades rápidamente y para los cuales largo plazo, desarrollo social y equidad territorial son conceptos tan lejanos como la procedencia de sus capitales.
