Chile es una economía abierta, vulnerable a las crisis globales y locales que afectan directamente el bienestar económico de su población. ¿Cómo se han enfrentado este tipo de crisis? Durante la Gran Depresión de los años 1930, el economista británico John Keynes propuso en su obra “La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” que las crisis económicas surgen debido a una insuficiencia en la demanda agregada (consumo, inversión y gasto público). Sostuvo que el gobierno debe intervenir con políticas fiscales expansivas (aumentar el gasto público y reducir impuestos) y políticas monetarias (bajar las tasas de interés) para estimular la economía, generando empleo y reactivando el consumo y la inversión, rompiendo así el ciclo de recesión.
¿Y qué pasa ahora en Chile? Actualmente, la demanda agregada muestra una evolución preocupante. La recaudación del gobierno central ha caído un 16,8%. El gasto público en 2023 representó el 27,39% (22% más que 2013), la inversión (IED) el 2023 fue de 6,8% del PIB (18% menos que 2013) y el consumo fue el 65% del PIB en 2023 (4,9% menos que el 2022).
Por su parte los gremios empresariales, como la SOFOFA y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), advierten que no sólo los indicadores macroeconómicos facilitarán la inversión. De hecho, en 2024 propusieron una serie de reformas que incluyen la reducción de tiempos para obtener permisos, convergencia tributaria, fomento del crecimiento, eficiencia en el gasto público y medidas para combatir la evasión y la informalidad.
La “permisología” por su parte, definida como la abundancia de trámites que provocarían retrasos en la obtención de permisos, no solo desacelera la inversión, sino que también puede hacerla buscar nuevos destinos. Este es el caso de CMPC, que invertirá US$5.000 millones, generando cerca de 10.000 empleos, y Arauco, que realizará inversiones por US$4.600 millones creando alrededor de 14.000 empleos; ambas operaciones en Brasil.
Por otra parte, los retiros de fondos de pensiones generaron un proceso inflacionario que bloqueó la capacidad del Banco Central para activar la demanda agregada a través de la tasa de interés. Además, el Gobierno limitó la propia capacidad de intervención debido al aumento significativo del gasto público provocando una vigilancia activa por parte del Congreso y el Consejo Fiscal Autónomo. Recuperarse de esta situación tomará tiempo, ya que se debe volver a los niveles pre-pandemia, con la inflación convergiendo al 3%, una tasa de política monetaria del 3% y un gasto público del 23%.
Sin embargo, la inversión también depende del tiempo promedio de retorno de los capitales invertidos. Entonces, apuntar hacia la reducción de los tiempos excesivos en el cumplimiento normativo, garantizar la transparencia en los procesos, evitar la discrecionalidad política y ser tajante en el cumplimiento estricto de los plazos, facilitarían la entrada de proyectos de inversión. Todo lo anterior, contribuiría a fortalecer el vigor de nuestra economía y estar mejor preparados para que, dentro de este modelo de economía abierta, podamos enfrentar las crisis.
