La recta final -al menos en la Cámara- de la denominada megarreforma de reconstrucción volvió a tensionar el ambiente político, en medio del acelerado cronograma impulsado por el Ejecutivo para intentar votar la iniciativa en sala este miércoles.
Mientras la Comisión de Trabajo despachó las normas de su competencia, Medio Ambiente continuó revisando artículos considerados especialmente sensibles por la oposición.
La rapidez de la tramitación generó críticas transversales entre parlamentarios, quienes acusaron escaso margen para el debate y falta de tiempo para analizar materias que modifican regulaciones laborales, ambientales y administrativas.
En la Comisión de Trabajo, uno de los puntos aprobados con amplio respaldo fue la sanción de destitución para funcionarios públicos que hagan uso fraudulento de licencias médicas. La norma incorporó una precisión impulsada por el diputado Patricio Pinilla, estableciendo que la infracción se configurará solo cuando no exista una causa justificada.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comprometió además que en el Senado se introducirán mayores precisiones sobre la acreditación de estas faltas, a través de procedimientos administrativos con derecho a defensa y revisión de antecedentes.
Más complejo fue el debate respecto de la eliminación de la franquicia Sence y de cambios al sistema de certificación de competencias laborales. Pese a que el Ejecutivo defendió la necesidad de rediseñar el mecanismo, la mayoría de la comisión optó por rechazar la norma, argumentando que no existe todavía una alternativa clara que reemplace el actual sistema de capacitación.
Las críticas también apuntaron al método de tramitación. “Siento que se ha vulnerado la posibilidad de conversar”, reclamó el diputado Nelson Venegas durante la sesión, reflejando el malestar que atraviesa a sectores oficialistas y opositores.
Medio Ambiente
En paralelo, la Comisión de Medio Ambiente continuaba revisando al cierre de esta edición cerca de una decena de disposiciones vinculadas a permisos ambientales, biodiversidad, patrimonio y procedimientos administrativos.
Allí, el diputado por Ñuble, Francisco Crisóstomo (PS), junto a otros legisladores de oposición, ingresaron indicaciones destinadas a modificar aspectos centrales del proyecto, las cuales de no prosperar, serán reingresadas en el Senado.
Entre las propuestas destaca una enmienda que busca impedir que titulares de grandes proyectos puedan acceder automáticamente a indemnizaciones cuando tribunales ambientales anulen Resoluciones de Calificación Ambiental. Según Crisóstomo, el texto original podría transformarse en un “seguro a todo evento” para grandes empresas, trasladando al Estado eventuales costos derivados de autorizaciones mal otorgadas.
Otra de las indicaciones busca establecer que las nuevas reglas de reducción de plazos administrativos solo entren en vigencia una vez que los servicios públicos cuenten con capacidades reales para responder a las nuevas exigencias. La propuesta apunta directamente al Servicio de Evaluación Ambiental y otros organismos técnicos.
El parlamentario vinculó además el debate con la situación presupuestaria de Ñuble, advirtiendo que mientras se discuten flexibilizaciones para grandes proyectos, la región enfrenta recortes en salud y educación pública.
