Tras el ingreso formal de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la Cámara de Diputadas y Diputados procedió este lunes al sorteo de la comisión revisora.
La instancia quedó integrada por los diputados Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA). Los 12 parlamentarios que firmaron el libelo fueron excluidos del sorteo.
La comisión deberá discutir la acusación constitucional contra Rabat, que tiene tres argumentos principales: las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores; los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, y una eventual infracción al principio de probidad.
De acuerdo a la normativa, el acusado será notificado dentro de los tres días que se da cuenta la acusación. Así, el afectado -dentro del décimo día de su notificación- podrá comparecer ante la comisión para ejercer su defensa, sea personalmente o mediante una presentación escrita.
La comisión tendrá un plazo de seis días, contados desde la comparecencia del acusado, para estudiar el libelo y pronunciarse al respecto.
La entrega de los decretos
La primera medida de la comisión revisora se enfocará en la transparencia documental. Los parlamentarios opositores denunciaron que el Ministerio de Justicia ha proporcionado información fragmentada tanto al Senado como a la Cámara Baja.
“Como diputados de oposición, miembros de esta comisión, hemos acordado como primera medida exigir al ministro Fernando Rabat y al Gobierno absoluta transparencia, porque todavía no han entregado todos los decretos”, arremetió el timonel del PPD, Raúl Soto.
En esta línea, el parlamentario cuestionó que “hicieron una entrega parcial en el Senado de la República, hicieron otra entrega parcial de algunos decretos en la Cámara de Diputadas y Diputados, y la comisión revisora de la acusación constitucional va a exigir que se entreguen todos y cada uno de los decretos”.
De presentarse los 155 integrantes de la Corporación, el texto requerirá una mayoría de 78 apoyos para sortear la valla de la Cámara.
El bloque opositor cuenta con una base estimada de 65 sufragios -sujeta a tres licencias médicas de parlamentarias-, mientras que las fuerzas leales al Ejecutivo suman 75 escaños, también afectadas por una ausencia médica.
Bajo este marco, legisladores de Chile Vamos han manifestado reservas frente a la gestión de Rabat, lo que deja el resultado en manos de bancadas intermedias, principalmente el Partido de la Gente (PDG).
Aunque figuras partidarias como Franco Parisi y la diputada Pamela Jiles señalaron una predisposición a respaldar la acusación, la directiva y la jefatura de bancada recalcaron que aún no existe una determinación zanjada institucionalmente.
Sin adelantar una postura, el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que su sector hubiera exigido la salida de Rabat “en 24 horas” tras conocerse el hecho.
Asimismo, dijo que “es difícil tener una posición y una postura y una mayoría de un texto que no conocemos”.




