Desde la década del 90, nunca ha existido una real voluntad de la autoridad por regularizar la situación de los vendedores callejeros en Chillán, pues la política ha sido otorgar más permisos a medida que la demanda crece o se acerca alguna elección.
Ha costado hacer entender a las autoridades que una medida con un loable objetivo social, que es facilitar el trabajo informal a personas de segmentos de alta vulnerabilidad, ha generado más impactos negativos que positivos, como el cierre de Pymes que no pudieron competir con las ofertas de la calle o el aumento de la delincuencia. No está de más recordar que un ambulante no paga impuestos, patentes ni permisos; no cumple leyes laborales ni sanitarias; obstruye el desplazamiento por la vía pública, concurriendo como factor de aglomeraciones y delincuencia; y constituye una competencia desleal para el comercio formal.
Previo a la pandemia, el problema ya estaba fuera de control, mientras los carabineros poco podían hacer cuando los ambulantes exhibían sus permisos. Con el tiempo, se sumaron los migrantes extranjeros y la cifra de vendedores siguió en aumento, pasando a integrar redes de distribuidores mayoristas, como el último eslabón de una cadena de dudosa legalidad. Luego, sobrevino la crisis sanitaria y miles de empleos se destruyeron en Chillán, lo que presionó el aumento de los ambulantes.
Naturalmente, ningún alcalde quiere ver a sus vecinos perseguidos por Carabineros, menos si ocurre a la vista de los transeúntes, quienes, a través de las compras, también contribuyen al desorden.
Si bien, los niveles de ocupación de espacios públicos no ha llegado a los niveles de otras capitales regionales como Temuco donde hubo batallas campales entre vendedores ilegales y personal de inspección municipal y Carabineros; ni tampoco el grado de violencia que se ha observado en la Región Metropolitana, la frase “ya no se puede caminar por el centro”, se escucha de manera recurrente.
Este fin de año, el tema nuevamente ocupa la atención del gobierno de la ciudad, hasta donde llegaron más de 200 solicitudes de permisos para vender en las calles céntricas,. No obstante, serán aprobadas menos de la mitad, que corresponden a las personas que cumplen con los requisitos básicos para poder acceder a uno de estos permisos, como es tener domicilio certificado dentro de la comuna de Chillán, ser paciente crónico o constatar alguna situación de vulnerabilidad.
El comercio ambulante es un problema serio, con sus implicancias sociales e impactos negativos, razón por la cual requiere medidas inteligentes y eficaces, probablemente impopulares, porque la verdad es que no se trata de una situación coyuntural de fin de año, ni de un fenómeno tolerable en un contexto de crisis económica. Es una “excepción” que se arrastra por décadas en Chillán y que cada día se justifica menos.
Es fundamental dar una señal clara de que como ciudad deseamos ser una economía formal, lo que es esencial cuando tenemos más de 35 mil personas que trabajan en la informalidad con todos los graves efectos y vulnerabilidad que esto conlleva. Por nuestra parte como ciudadanos debemos aportar de una manera muy simple: siempre exigir la boleta y tajantemente, no comprar en el comercio informal.
