Como en una terapia profunda, conocer vicios y engaños es un ejercicio imprescindible si queremos sanar y construir instituciones más sólidas, honestas y dignas de la confianza ciudadana. El llamado “Caso Led”, con sus múltiples ramificaciones en todo el país -Chillán incluida- es un ejemplo claro de cómo la corrupción se enquista en la relación entre lo público y lo privado, y de lo necesario que resulta transparentar y sancionar, sin privilegios ni miramientos, a quienes traicionan el mandato del servicio público.
La magnitud de este caso lo conocimos en mayo de 2020, cuando la Fiscalía Regional y la Brigada de Delitos Económicos irrumpieron en la municipalidad de Chillán. El entonces administrador municipal, Ricardo Vallejos, y el asesor jurídico Marcelo Campos fueron detenidos. Este último fue sorprendido con una bolsa que contenía más de 37 millones de pesos, dinero entregado por Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, la empresa que convirtió las licitaciones de luminarias led en un negocio multimillonario a costa del soborno sistemático.
En Chillán se formalizó a Vallejos, Campos, al ingeniero Víctor Amado y al exconcejal Víctor Sepúlveda. A nivel nacional, la investigación dejó al descubierto un patrón de corrupción replicado en distintas comunas, basado en coimas a funcionarios municipales para asegurar contratos que superaban los cuatro mil millones de pesos por comuna.
Durante los últimos 4 años, la defensa de los acusados buscó dilatar procesos y anular pruebas. Las discusiones sobre si los sobornos ocurrieron antes o después de la reforma a la Ley Anticorrupción de 2019 dejaron en evidencia grietas legales que los tribunales deberán resolver. Algunos ya aceptaron su responsabilidad en procedimientos abreviados, como Marcelo Campos, condenado a tres años de libertad vigilada y a una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos. Otros, como Vallejos y Sepúlveda, enfrentan sanciones mucho mayores, penas que podrían superar los ocho años de cárcel.
La Fiscalía ha insistido en que la investigación fue exhaustiva. Según sus palabras, no hubo pruebas de participación de otros funcionarios municipales, pese a la incredulidad de mucha gente que sospecha que las irregularidades no pudieron haberse limitado a cuatro personas. Aun así, la sola existencia de esta causa ya marcó un hito, pues es la primera gran investigación por corrupción asumida por el Ministerio Público en Ñuble desde su creación, un desafío que puso a prueba su capacidad frente a más de siete mil páginas de antecedentes y más de cien testigos que prestaron declaración.
¿Qué lección nos deja este caso? Básicamente, la evidencia de que la corrupción se ve favorecida cuando las decisiones quedan en manos de unos pocos, con escasos controles efectivos.
Como expresábamos al principio de esta columna editorial, enfrentar la verdad puede resultar incómodo y doloroso, pero evitarla o negarla -como ha sido la tónica de algunas exautoridades municipales- nos condena a repetir los mismos errores. Por eso, el “Caso Led” debe servir de advertencia y aprendizaje.
