Desde usuarios en redes sociales hasta personal de la propia Seremi de Seguridad de Ñuble han coincidido en una pregunta que asoma obvia, tras conocerse diversos casos de robos en el centro de Chillán que han estado afectando de manera constante al comercio establecido, viviendas e incluso a la red del cableado desde espacios cívicos como las plazas públicas: ¿Qué pasa con las cámaras de televigilancia, que no previenen estos delitos?”.
Cifras (a la segunda semana de junio de este año) que reflejan un alza en varios de los delitos e incivilidades que se cometen en la vía pública -consolidadas en las plataformas públicas de Carabineros- dan cuenta de un incremento del 9,2% de robos violentos o intimidatorios; 35,9% de robos de vehículos o de artículos desde el interior de estos; 6,3% de riñas y un 39% más de denuncias por personas consumiendo drogas o alcohol en la vía pública.
“Esto yo ya lo planteé hace un mes en el concejo. Cerca del 40% de las cámaras de la red de televigilancia que están dispuestas dentro de las cuatro avenidas, no están operativas”, revela el concejal Yerson Soto, presidente de la Comisión Seguridad, del Concejo Municipal de Chillán.
El edil detalla que los informes que maneja apuntan a que “algunas de ellas ya cumplieron su vida útil, mientras que otras se quedaron sin la posibilidad de recibir mantención, porque algunas de las empresas proveedoras de estos servicios quebraron”, aclara.
Hasta la fecha, lo único que se ha presentado como solución es que “se están haciendo las gestiones para licitar de nuevo y poder reemplazarlas”, añade.
Las cifras siguen un curso que incluso reflejarían de una situación peor, cuando se revisa la red de cámaras de seguridad -estimada en cerca de mil empadronadas- adquiridas por juntas de vecinos a través de proyectos públicos con recursos del GORE.
“El problema es que el proyecto contempla solo la adquisición de las cámaras, pero no el mantenimiento”, explica Soto.
Si cada junta recibió en promedio ocho o nueve lentes, “el arreglo de cada una es de cerca de 70 mil pesos, entonces para las juntas es imposible juntar esos montos”, detalla el concejal Soto.
No autorizan entrada al seremi
Si bien el manejo y revisión de estas cámaras no son resorte del Gobierno central, el seremi de Seguridad de Ñuble, Héctor Ponce, ha solicitado formalmente acceder a las salas para conocer su funcionamiento. Pero según indicó, no lo han dejado.
“He solicitado en diversas oportunidades acceder a estas salas de monitoreo de la municipalidad, pero por diversas razones, no se me ha autorizado el ingreso”, reveló el secretario regional a La Discusión.
Por tal razón aclaró que no está en condiciones de evaluar ni su funcionamiento, ni el provecho que se le pueda o no estar sacando a este equipamiento.
“Y eso no pasa en otras municipalidades, como las de Chillán Viejo, donde se nos dejó revisar cada una de las cámaras y constatar que el 98 por ciento de esa red estaba operativa”, comentó.
Pese a esto, desde Inspección Municipal responden que “no ha habido solicitud para entrar por parte del seremi” y que “ las cámaras de la Cenco que operan en Cenco son de Carabineros, por lo que ellos determinan la autorización de ingreso a sus dependencias.
Finalmente, respecto al estado del equipamiento informado por el concejal Soto, respondieron que “la mayoría de las cámaras se encuentra operando de forma correcta, sin embargo, dada su antigüedad y uso, las cámaras que operan en la Cenco se encuentran en proceso de recambio y mejoramiento de tecnología”.
Además detallaron que “existen cámaras pertenecientes al casco histórico que han sido vandalizadas, al igual que un pórtico y otras pertenecientes a la SPD, que están sujeta a reconexión por parte de esta subsecretaria”.
