Centralismo e inequidad territorial limitan la participación ciudadana de personas con discapacidad

Aunque el 68% de las personas en situación de discapacidad afirmó haber votado en las últimas elecciones, las cifras esconden un problema de fondo: en Ñuble y el sur del país los niveles de participación política y comunitaria son los más bajos de Chile.
Así lo muestra el estudio presentado por la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), que encuestó a más de 200 personas en todo el país y analizó literatura nacional e internacional.
La investigación confirma un patrón de centralismo en la vida cívica: la Región Metropolitana concentra los índices más altos de participación electoral y comunitaria, mientras que Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y las regiones australes se ubican en el extremo opuesto. El resultado refleja, según la FCHD, una brecha de acceso que no solo es geográfica, sino que afecta directamente la calidad de la democracia en Chile.
En el caso de las elecciones, un 32% de las personas con discapacidad no votó en los últimos comicios. Entre las razones más recurrentes aparecen la falta de transporte accesible, las dificultades físicas para ingresar a los locales de votación y la desconfianza hacia las instituciones.
La desigualdad educativa también marca diferencias: mientras quienes tienen estudios superiores exhiben una participación del 82%, aquellos con enseñanza básica apenas alcanzan un 54%.
En términos comunitarios, la participación llega al 54%, principalmente en juntas de vecinos, clubes deportivos y organizaciones culturales. Sin embargo, el 46% restante no participa en ninguna instancia, lo que refleja un déficit de asociatividad.
Factor rural
La ruralidad acentúa la brecha: en zonas urbanas la participación llega al 61%, mientras que en contextos rurales cae a 38%, un dato particularmente sensible en Ñuble y el sur.
El estudio pone en relieve otro factor: el rol de los cuidadores. Cuando existe un acompañamiento activo, la participación comunitaria sube a 66,7%, frente al 34,2% entre quienes no reciben ese apoyo.
En la participación política formal ocurre algo similar: si el cuidador tiene empleo remunerado, el 22,8% de las personas con discapacidad logra integrarse a partidos o movimientos sociales, mientras que sin ese respaldo la cifra se reduce al 8,3%.
La investigación concluye que el rezago de Ñuble y las regiones australes combina ruralidad, menos infraestructura inclusiva y baja presencia de programas estatales o de sociedad civil orientados a la participación.
Para la FCHD, esto no es solo un síntoma de desigualdad territorial, sino una amenaza a la democracia sustantiva.
“Sin una participación plena y efectiva de las personas en situación de discapacidad, Chile no puede hablar de una democracia realmente inclusiva”, señala el informe.
Los datos del III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) refuerzan la urgencia en Ñuble. Esta región lidera a nivel nacional en prevalencia de discapacidad adulta, con un 22,9%, equivalente a 90.531 personas, superando el promedio nacional de 17,6%. De ese total, el 16,6% presenta discapacidad severa. Además, la prevalencia es mayor en mujeres (29,6%) que en hombres (15,8%), y aumenta con la edad: mientras solo el 9,9% de los jóvenes entre 18 y 44 años está en situación de discapacidad, la cifra se eleva a 42,5% en mayores de 60 años.
Frente a este escenario, la FCHD propone crear un sistema nacional de participación accesible, con locales de votación adaptados, información en formatos inclusivos y un fortalecimiento del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados 2025–2030. El llamado es claro: descentralizar y promover la inclusión política y comunitaria de las personas con discapacidad, especialmente en territorios donde la democracia se vive con más distancia, como Ñuble y el sur del país.