En un país sísmico como Chile, resulta impensable levantar una vivienda, un hospital o un edificio público sin considerar que tarde o temprano la estructura deberá soportar un terremoto de gran magnitud. La experiencia acumulada por décadas obligó al Estado a establecer normas capaces de garantizar mínimos constructivos para enfrentar una realidad que nadie puede evitar.
Sin embargo, cuando el fenómeno que amenaza a la sociedad no son los movimientos de la tierra, sino el crecimiento del crimen organizado y la circulación de armas de fuego, algunos especialistas en seguridad advierten que el país sigue reaccionando después de los hechos y no antes de ellos.
Abogados y expertos en persecución penal sostienen que Chile ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en investigar delitos ya consumados, combatir el narcotráfico o perseguir hechos de corrupción, pero sin desarrollar una estrategia preventiva capaz de impedir que las armas lleguen con creciente facilidad a manos de organizaciones criminales.
La advertencia surge pocas semanas después de que un ciudadano colombiano de 23 años fuera encontrado muerto, con impactos de bala en la cabeza, en un basural clandestino del sector Camino a Cato, en Chillán. Días antes, otro homicidio había estremecido a la capital regional, luego que desconocidos descendieran de un vehículo para disparar contra un hombre con antecedentes policiales cuando llegaba a su domicilio, en la población Purén.
Hasta ahora, ninguno de los dos casos ha sido esclarecido.
Aunque las estadísticas nacionales siguen situando a Ñuble entre las regiones con menor cantidad de armas incautadas, la tendencia local comienza a inquietar cuando se observa su velocidad de crecimiento.
Durante el proceso de selección del nuevo fiscal regional, los postulantes al cargo expusieron ante la Corte de Apelaciones de Chillán una serie de antecedentes que reflejan ese cambio. Entre ellos, que mientras en 2021 las policías incautaron 186 armas en la región, en 2025 la cifra llegó a 694, lo que representa un incremento de 254%.
Las cifras encuentran eco en la realidad policial. Tras varios años mostrando una disminución sostenida en distintos delitos, Chillán registra actualmente un aumento de 6,4% en los robos con violencia, mientras que los ilícitos asociados al control de armas crecieron 65%, de acuerdo con antecedentes de Carabineros.
El comportamiento de los homicidios también comienza a encender alertas. Si durante todo 2025 Ñuble registró tres asesinatos cometidos con armas de fuego, esa misma cantidad ya se alcanzó durante el primer semestre de este año.
Pero detrás de esos números surge una pregunta que inquieta tanto como las estadísticas: ¿por qué las armas parecen estar llegando con mayor facilidad a manos de la delincuencia?
Del cuchillo a la pistola
Para el abogado, magíster en Derecho Penal y exfiscal militar Rodrigo Vera Lama, el aumento del uso de armas de fuego por parte de organizaciones criminales no responde a un hecho aislado, sino a una transformación que se viene observando desde hace varios años.
“Antes era relativamente frecuente encontrarse con armas hechizas, construidas de manera artesanal con tubos metálicos y mecanismos muy precarios. Hoy eso prácticamente desapareció. Lo que estamos viendo es delincuentes con acceso a armas convencionales, muchas de ellas de buena calidad y con un poder de fuego muy superior”, explica.
A juicio del especialista, ese cambio también se refleja en la forma en que hoy se cometen los homicidios.
“Décadas atrás predominaban los homicidios con armas blancas, generalmente asociados a riñas o conflictos circunstanciales. Hoy cerca del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, lo que demuestra un grado distinto de planificación y una mayor capacidad para provocar daño”.
Respecto del origen de ese armamento, Vera Lama sostiene que no existe una sola vía de abastecimiento. Al tradicional contrabando por pasos habilitados y no habilitados se suman armas robadas a propietarios inscritos, denuncias falsas por extravío para ocultar ventas ilegales, además de la fabricación o modificación clandestina de armamento.
“En distintas investigaciones ya se han detectado personas que fabrican armas desde cero o que modifican pistolas de fogueo para transformarlas en armas aptas para disparar munición real. Ese conocimiento ya no está restringido a grupos especializados; hoy también circula en internet”.
El abogado añade que el problema no pasa únicamente por el ingreso de armas al país, sino también por la forma en que el Estado ha enfrentado el fenómeno.
“A mi juicio, existe una confusión entre seguridad y persecución penal. La persecución penal comienza cuando el delito ya ocurrió; la seguridad apunta precisamente a evitar que eso suceda. Mientras los esfuerzos se concentren principalmente en investigar los hechos consumados, seguiremos llegando después de que el daño ya está hecho”.
El coronel (r) de Carabineros y especialista en Seguridad Nacional, Jorge Aguirre Hrepic, coincide en que el fenómeno requiere una mirada más amplia y advierte que el mercado ilegal de armas funciona con dinámicas muy distintas a las del comercio formal.
“Lo primero es entender que el usuario legal de un arma no es el mismo sujeto que participa del mercado ilícito. El delincuente no inscribe armas a su nombre. Obtiene armamento mediante tráfico, robos, intermediarios o mercados clandestinos que operan dentro y fuera del país”.
Añade que las investigaciones desarrolladas durante los últimos años han permitido establecer que Chile no sólo recibe armas provenientes del extranjero, sino que también ha sido utilizado como punto de tránsito para organizaciones dedicadas al tráfico internacional.
Falta de organismos especiales
“Las armas tienen una movilidad enorme. Pueden ingresar por distintos puntos, cambiar varias veces de manos y terminar siendo utilizadas en delitos completamente distintos a aquellos para los que originalmente fueron adquiridas”.
Aguirre Hrepic estima que el país aún mantiene una deuda en materia de especialización.
“No existe un organismo dedicado exclusivamente a estudiar el fenómeno del tráfico de armas. Tenemos peritos balísticos, policías especializadas y fiscales que realizan un trabajo muy importante, pero eso es distinto a contar con una institucionalidad que analice permanentemente cómo operan estas redes y permita anticiparse a ellas”.
Respecto del aumento de armas incautadas en Ñuble, plantea que esa cifra debe analizarse con cautela.
“Una mayor cantidad de incautaciones puede obedecer a que existen más armas circulando, pero también puede reflejar un trabajo policial más efectivo. Lo importante es que esas armas salgan de circulación antes de que sean utilizadas para cometer delitos”.
Ambos especialistas coinciden en que el fenómeno obliga a mirar más allá de las estadísticas. Mientras las organizaciones criminales logren reponer con rapidez las armas que pierden en procedimientos policiales, el desafío seguirá siendo impedir que ese armamento llegue a sus manos y no únicamente perseguir los delitos una vez consumados.
La respuesta del Estado
Mientras el debate sobre la prevención sigue abierto, durante los últimos años el Estado ha intentado fortalecer las herramientas legales para enfrentar la circulación ilegal de armas.
Uno de los cambios relevantes fue la modificación a la Ley N°17.798 sobre Control de Armas, mediante la Ley 20.813, que endureció sanciones y entregó mayores atribuciones investigativas a fiscales y policías frente a delitos asociados al porte y tenencia ilegal de armamento.
A esas modificaciones se sumó posteriormente el plan “Menos armas, más seguridad”, impulsado por el Ejecutivo con el propósito de restringir el acceso a armas de fuego por parte de civiles, fortalecer los controles administrativos y modernizar el sistema de registro administrado por la Dirección General de Movilización Nacional.
Entre las medidas incorporadas destaca el Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego, cuyo objetivo es revisar cada año un porcentaje de las armas inscritas en el país.
El balance correspondiente a 2024 muestra que se fiscalizó el 15,5% de las más de 770 mil armas inscritas activas en Chile, procedimiento que derivó en casi 13 mil denuncias remitidas al Ministerio Público.
En Ñuble, el porcentaje de fiscalización alcanzó el 14,7%. Si bien la cifra supera el mínimo establecido para este tipo de controles, permanece por debajo de otras regiones de características similares, lo que vuelve a instalar la discusión respecto de la capacidad preventiva que hoy existe para detectar armas fuera de la normativa.
Las cifras de Carabineros también muestran un escenario de creciente actividad policial. Durante 2024 se incautaron 3.321 armas de fuego en el país, se desarticularon 694 bandas delictuales, se fiscalizaron más de 68 mil armas inscritas y se recibieron voluntariamente cerca de 4.700 armas, además de más de 111 mil municiones entregadas por particulares.
Paralelamente, el Congreso continúa introduciendo modificaciones a la legislación vigente. Durante junio de este año el Senado despachó un proyecto que prohíbe la tenencia y el porte de armas de fuego a personas formalizadas o condenadas por delitos de violencia intrafamiliar, además de establecer nuevos mecanismos para que los tribunales de familia consulten directamente los registros de la Dirección General de Movilización Nacional antes de resolver medidas de protección.
Sin embargo, para quienes observan el fenómeno desde la investigación criminal, las reformas legales sólo representan una parte de la solución.
Rodrigo Vera Lama sostiene que mientras el país continúe privilegiando la reacción frente al delito por sobre las políticas preventivas, las organizaciones criminales seguirán encontrando espacios para abastecerse de armamento.
Jorge Aguirre Hrepic, por su parte, insiste en que comprender cómo funcionan las redes de tráfico resulta tan importante como perseguir a quienes finalmente utilizan esas armas para delinquir.
Anticiparse al crimen
Las cifras disponibles muestran que Ñuble aún mantiene una tasa de delitos asociados al uso de armas inferior a la observada en buena parte del país. No obstante, el ritmo de crecimiento registrado durante los últimos años, junto al aumento de homicidios cometidos con armas de fuego y la mayor presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado en regiones vecinas, han comenzado a modificar un escenario que durante décadas parecía ajeno a la realidad local.
En esa línea, las palabras del próximo fiscal regional, Rolando Canahuate, cobran especial relevancia.
“Aunque no se puede afirmar que exista crimen organizado asentado en Ñuble, sí hemos observado algunos de sus efectos. El desafío consiste en que ese fenómeno no se nos adelante. Debemos trabajar coordinadamente con las policías y desarrollar investigaciones que permitan anticiparnos y obtener condenas”.
La advertencia coincide con la preocupación manifestada por ambos especialistas consultados para este reportaje. Las estadísticas muestran que el fenómeno todavía mantiene dimensiones menores que en otras regiones del país, pero también evidencian un crecimiento sostenido que obliga a observarlo con atención.
Porque si algo demuestra la experiencia de los últimos años es que el ingreso de las armas ilegales no ocurre de un día para otro. Se trata de un proceso gradual que suele pasar inadvertido hasta que los delitos violentos comienzan a multiplicarse y la sensación de seguridad cambia de manera definitiva.
Ñuble aún parece estar a tiempo de evitar ese escenario. La incógnita es si las medidas preventivas avanzarán con la misma rapidez con que lo han hecho las armas que hoy comienzan a aparecer con mayor frecuencia en los procedimientos policiales y en los hechos de sangre que han marcado el último año.
