El caso Sartor vivió este martes una de sus jornadas más complejas luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara la prisión preventiva de Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez, tras una extensa formalización en la que el tribunal dio por acreditados, para efectos de las cautelares, seis de los siete delitos imputados por la Fiscalía.
La resolución acogió gran parte de la tesis del Ministerio Público, que investiga un presunto fraude que preliminarmente involucraría unos US$200 millones y a numerosas personas naturales y jurídicas. El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, calificó el caso como “un fraude de grandes proporciones”, cometido durante varios años y que habría afectado a inversionistas de distintos niveles patrimoniales.
El tribunal consideró acreditados, en esta etapa, los delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, estafa, fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA) y lavado de activos. La única imputación que no alcanzó ese estándar fue la de contrato simulado.
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, valoró la resolución, calificándola como “fundada, muy contundente y razonada”. Según explicó, el primer capítulo de la formalización involucra más de $100 mil millones.
Michael Clark y Pedro Pablo Larraín quedaron en prisión preventiva al considerar el tribunal que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. En tanto, Carlos Larraín y Sergio Yáñez fueron privados de libertad por estimarse que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.
Respecto de Clark y Pedro Pablo Larraín, Sepúlveda sostuvo que también se tuvieron en cuenta antecedentes sobre eventuales acciones destinadas a evitar que información llegara a conocimiento de la Fiscalía o a eliminar evidencia.
Distinta fue la situación de Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, quienes quedaron sujetos a arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. En el caso de Jorquera, el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total.
La investigación apunta a operaciones financieras vinculadas a fondos administrados por Sartor AGF y a sociedades relacionadas. La Fiscalía sostiene que parte de los recursos habría sido desviada o canalizada hacia empresas vinculadas, mientras los inversionistas recibían información que no reflejaba adecuadamente determinadas operaciones.
