El pasado mes de agosto, tras varias audiencias fallidas a lo largo de casi cuatro años, finalmente se dio por concluida la preparación de juicio oral, en el marco de la investigación por el delito de corrupción entre la empresa Itelecom Ltda, el Ministerio de Energía y diversas municipalidades del país, entre ellas, la de Chillán.
El llamado “Caso Led” involucró un total de 21 acusados, entre particulares, funcionarios de Estado y de los municipios de Chillán, Coyhaique, Puerto Natales y Negrete. De ellos, 11 ya resolvieron su situación procesal tras haber aceptado las condiciones propuestas por la Fiscalía en diversos juicios abreviados, la mayoría de ellos, celebrados el pasado mes de julio, en Santiago.
Dentro de este último grupo, figuraba uno de los tres funcionarios de la Municipalidad de Chillán que fueron detenidos, e incluso estuvieron un tiempo con la cautelar de prisión preventiva. Se trata de quien fuera asesor jurídico hasta mayo de 2020, el abogado Marcelo Campos.
Al jurista se le imputaron delitos de cohecho (fue detenido por la PDI tras recibir un maletín con $37 millones por concepto de sobornos) y de violación de secreto, en el marco del proceso de licitación para adjudicar el recambio de la red de alumbrado público por tecnologías led, por cerca de $3.400 millones de pesos.
Tras aceptar los cargos se le decretó una sentencia de 3 años y 1 día de reclusión, 7 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos, 7 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, más una multa de $24.700.000 por el delito de cohecho y otra de $1.378.460, por el delito de violación de secreto.
En similar situación quedaron -entre otros- el exalcalde de Negrete, Francisco Melo; Paul Pacheco, funcionario del Ministerio de Energía; y el empresario George Latrille, amigo del dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, a quien le facilitaba facturas falsas.
A la espera de juicio oral
El resto de los acusados, o no aceptaron la propuesta de juicio abreviado, o no les fue ofrecida por la Fiscalía, de manera tal que su caso deberá resolverse forzosamente en un juicio oral, el que aún no cuenta con una fecha exacta.
Entre ellos figuran el principal acusado, Marcelo Lefort, y varios de sus socios, mientras que por la llamada “arista de Chillán”, figuran el exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, y el exedil de Chillán, Víctor Sepúlveda Barra.
Al primero se le acusa de cohecho y la Fiscalía pide en su contra penas de 8 años de reclusión, otros 10 de inhabilitación para ejercer oficios en entidades públicas e inhabilitación perpetua para cargos públicos, además de multas y comisos.
Para Sepúlveda, esperan una pena de 10 años de presidido, 10 años sin ejercer oficios públicos y otros 10 años para ejercer cargos públicos, más multas y comisos.
