La primera vez que en Ñuble se supo que la Fiscalía Regional de Ñuble y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI estaba investigando un delito de corrupción de grandes proporciones en Chillán, fue en la segunda semana del mes de mayo de 2020, cuando personal policial irrumpió en las oficinas de la municipalidad local para incautar computadores y documentación en papel.
Mientras eso ocurría, bajo la atónita mirada de funcionarios y ciudadanos en general, una patrulla ya estaba en el domicilio del entonces administrador municipal, Ricardo Vallejos, a quien detuvieron. Horas antes, en Santiago, habían hecho lo mismo con el asesor jurídico del consistorio chillanejo, Marcelo Campos, a quien arrestaron cuando estaba en posesión de una bolsa (no un maletín como siempre se dijo) con algo más de 37 millones de pesos, que había recibido de manos del principal acusado en lo que, desde entonces, se conocería por los medios como el “Caso Led”.
Se trata del empresario Marcelo Lefort, dueño de la firma Itelecom S.A. quien –conforme a la investigación- logró adjudicarse diversas licitaciones municipales en el país para el recambio de luminarias de la red pública, por tecnología led, lo que le significaban negocios que promediaban los $4 mil millones cada una. El modo de operar según la Fiscalía siempre fue el mismo: el soborno.
Así, se comenzó a hablar de “aristas” para referirse a cada una de las municipalidades investigadas, y en la de Chillán se acusó a cuatro personas: A Vallejos, Campos, luego a la mano derecha de Lefort, el ingeniero Víctor Amado y, posteriormente al entonces concejal Víctor Sepúlveda.
Los primeros argumentos de los defensores de Vallejos y Sepúlveda fueron similares. Asentar la idea que ellos o no eran parte del proceso de definición de la adjudicación (en el caso del administrador) o bien que no se contaba con un liderazgo (en el caso del concejal) dentro del consistorio lo suficientemente potente como para influir en el resto de los ediles. Lo de Campos, y la bolsa con dinero, siempre presentó mayor dificultad para la defensa.
Nada de eso los salvó de estar casi dos años en prisión preventiva. Sin embargo, siempre insistieron en su inocencia. En la cárcel de San Carlos, Vallejos contó con mucha documentación y, considerando que es abogado, estudió todo lo que pudo de la teoría del caso para luego asentar una línea de defensa que mantiene hasta hoy.
Lo de Campos fue incluso insólito. No solo pidió en reiteradas ocasiones que se le revocara la cautelar para poder seguir trabajando, ya que – argumentaba su defensa- requería con urgencia generar ingresos, sino que incluso solicitó a la Corte de Apelaciones que –estando en pandemia- se le dejara seguir oficiando como juez de policía local de Pemuco de manera telemática, utilizando los computadores de la cárcel de San Carlos. Obviamente, la solicitud le fue denegada.
Víctor “Cacharro” Sepúlveda fue el último en ser formalizado. Se le detuvo y dejó en prisión preventiva en noviembre del 2021. En su contra, pesaron una fotografías y un seguimiento que se le hizo a Amado, quien tras salir de una notaría en Chillán se fue al departamento del concejal con un maletín, para salir a los minutos sin él.
La investigación nacional del caso, salvo por la arista Iquique, fue puesta en manos de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien presentó acusación y ya logró cerrar la causa para 11 de los acusados de Chillán, Negrete, Coyhaique y Puerto Natales, que aceptaron un proceso simplificado, aceptando los cargos a cambio de penas menores. Entre ellos, Campos, a quien se le condenó a 3 años de libertad vigilada, multa de $24 millones, 10 años de inhabilidad para cargos públicos y prohibición perpetua para desempeñar funciones públicas.
Vallejo no aceptó la propuesta fiscal y a Sepúlveda no se la ofrecieron. Ambos resolverán en juicio oral. El primero arriesga ocho años de presidio efectivo, más restricciones para cargos y oficios públicos, además de multas. El exconcejal, por tener un cargo de elección popular, arriesga 10 años de presidio y las otras accesorias descritas.
“Esta causa tiene más de 7 mil páginas y solo la acusación tiene 500. Es una investigación que nosotros concluimos en dos años, pero las defensas comenzaron a presentar recursos y la extendieron por tres años más. Creo que el juicio debería comenzar de todas maneras este año, tal vez a fines de 2025 y se debería extender por algunos meses”, comentó la fiscal Mansilla.
Antes o después del cambio de ley
Se habla de “principio de ejecución” de un delito para determinar el dónde y el cuándo se cometió. En el caso del cohecho y soborno, se ha aceptado la teoría jurídica que afirma que basta el solo hecho de acordar el pacto, para que este sea ya un delito, independiente de la concreción o no del pago.
Así, el principio de ejecución de la arista chillaneja fue siempre difícil de definir y se plantea que los emisarios de Itelecom se reunieron un par de veces con Campos en Las Termas de Chillán, siendo imposible constatar el contenido de sus conversaciones.
Las citas, sin embargo, son claves para la causa, porque comenzaron antes del mes de noviembre de 2019, año en que cambió la llamada Ley Anticorrupción, estableciéndose penas más altas, pero considerando que en Chile, la legislación no es retroactiva, no se puede aplicar estas nuevas sanciones a quienes delinquieron antes de las modificaciones.
Aunque siempre hubo controversia al respecto, entre el equipo fiscal encabezado por Paulina Valdebenito (también estuvieron en la causa Rolando Canahuate, Nadia Espinoza y Sergio Pérez) y las defensas, la Fiscalía ahora tiene un punto a favor.
El que Marcelo Campos haya aceptado los cargos en un juicio simplificado se considera como una confesión que corrobora que fue después.
“Por lo tanto, están todos después de la ley”, dice la fiscal Mansilla. “El Tribunal de Garantía ya acogió nuestra tesis al haber condenado al imputado Marcelo Campos en esa causa”, reforzó.
¿Son pruebas suficientes?
Dentro de las evidencias que la PDI presentó al tribunal en contra de Ricardo Vallejos, fue una conversación telefónica interceptada en la que hablaba con Campos, minutos después de haber recibido el dinero de parte de Lefort.
Se habló siempre de una tema médico, con frases como “cómo le fue con el doctor”, lo que para la Fiscalía fue una suerte de código para saber sobre el resultado de los pagos de sobornos.
La defensa ha alegado desde siempre, que se trata de una interpretación antojadiza de la Fiscalía y de ninguna manera es una prueba concreta.
Nunca se ha hecho público que el Ministerio Público tenga otros medios de prueba en contra de Vallejos, sin embargo, la fiscal Mansilla dijo a La Discusión que “hay otras cosas más, pero no podemos hacerlas públicas aún”.
Añadió luego que “la defensa sabe perfectamente qué hay en la carpeta investigativa, ya se discutieron las exclusiones y lo que corresponde. De hecho, el Tribunal de Garantía excluyó muy poca prueba, ya que en general fue bastante contundente”.
La causa contará con más de 100 testigos, entre policías, peritos y otras personas.
¿Más funcionarios involucrados?
Para una comunidad como la ñublensina, desconfiada y severamente crítica con sus autoridades, le es difícil creer que no hubiera otros funcionariosmunicipales involucrados, ya que sobre la licitación votaba el concejo en pleno y esta era visada por otros jefes de unidades.
Pese a esto, la fiscal Mansilla es clara. “Esta investigación se hizo de manera exhaustiva y nos tomó dos años. En todo es proceso, no hubo indicio alguno de que hubiese otras personas, funcionarios municipales o ajenas a la municipalidad que tuvieran algún grado de participación de estos delitos”, dijo.
También se le consultó a la fiscal regional si hubo indicios que otras personas, que no necesariamente fuesen parte del delito, estuvieran en conocimiento de algunas de estas irregularidades. La respuesta fue tan corta como clara: “No”.
Causa grande, fiscalía pequeña
El caso led es la primera gran causa por corrupción que debió revisar la Fiscalía Regional de Ñuble, a poco más de un año de creada.
La causa transterritorial quedaba en manos de una fiscalía pequeña y conocida por la sobrecarga laboral. Paulina Valdebenito estuvo varios meses con dedicación total y exclusiva, pero con el apoyo de peritos externos y de la Fiscalía Nacional.
“Tenemos varios fiscales expertos en este tipo de investigaciones, pero sin duda que la fiscal Valdebenito adquirió una experiencia enorme y muy valiosa tras este trabajo que requirió mucho esfuerzo”, acotó la fiscal regional.
Con el juicio se cierra solo una parte de la causa. “Las otras municipales que no han sido objeto de formalización, siguen bajo investigación, esta es una causa que esta lejos de cerrarse y suma mas antecedentes”, concluyo la fiscal Mansilla
