Tras varios intentos fallidos, la semana pasada se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral por el caso “Cuentas Corrientes”, en el Juzgado de Garantía de Bulnes, mediante modalidad telemática.
Pese al tiempo ya transcurrido, esta etapa procesal se extendería -según estimas algunos intervinientes- por cerca de un mes, ya que los días anteriores se utilizaron para precisar algunos detalles puntuales de la acusación presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, quien lidera la investigación del hecho que comenzó a investigarse en Ñuble.
La causa, a cargo de la PDI, investiga una trama de corrupción en licitaciones municipales para la administración de cuentas bancarias, donde —según el persecutor— se pagaban sobornos a autoridades y funcionarios para asegurar la adjudicación de contratos ofrecidos por el empresario chillanejo y exfuncionario de diversos municipios, Rodrigo Carmona, principal objetivo de la investigación.
A él se suman, operarios de su confianza, alcaldes y otros funcionarios municipales. Carmona, más los exjefes comunales César Figueroa (San Ignacio), Manuel Pino (Ñiquén) y Guillermo Yaber (Bulnes) arriesgan las penas y multas más elevadas, llegando algunas de ellas a superar los 22 años de cárcel.
Mientras que otros acusados, por delitos menores, ya fueron condenados a penas menores y aplicables en libertad (más multas) en diversos juicios simplificados celebrados en 2025.
Si se considera que sólo el documento con la acusación fiscal supera las 350 páginas y que la causa completa se documentó en más de 35 tomos, para la abogada defensora Belén Acuña y Sergio Zúñiga (quien concluyó su intervención en el juicio simplificado), el juicio oral por agendar “podría tomar sobre tres meses”.
De ser así, superaría al juicio realizado por los desordenes administrativos de Chillán Viejo, en 2019, el más largo de la historia judicial de Ñuble, y que -para pesar de la Fiscalía- terminó con acusaciones desestimadas, nueve abuseltos, dos condenas menores y condenas al pago de las costas de la causa en contra del Ministerio Público.
Una vez terminada esta audiencia, el juez de Garantía cuenta con 24 horas para enviar una comunicación al Tribunal Oral en lo Penal, para que se agende una fecha definitiva para el juicio oral.
“Acá no hubo estafas”
Dentro de las acusaciones que pesan sobre Rodrigo Carmona, destacan las de estafas reiteradas y sobornos reiterados, por lo que se pide un total de 22 años de cárcel, inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, más multas por cerca de $33 millones.
Pese a esto, su defensora, la abogada Belén Acuña, explica que “tenemos mucha prueba propia para acreditar nuestra teoría del caso, que básicamente es la inexistencia de los delitos de estafa”.
Dentro de la documentación, la jurista presenta un “informe del Doctor en Derecho, Gustavo Balmaceda Hoyos, que para nosotros es clave para concluir la etapa de preparación de juicio oral”.
Respecto a las acusaciones de sobornos y cohecho (exclusivo de funcionarios públicos), tanto la tesis fiscal como la del Consejo de Defensa del Estado, tienen a su favor el que los acusados ya condenados en etapas anteriores, pudieron acceder a penas menores luego de reconocer sus participaciones en esos delitos, lo que para el tribunal sería una evidencia mayor respecto a que estos sí se realizaron, por lo que se estima que no caben mayores alegaciones respecto a este punto, por parte de las defensas.
