La Fiscalía Regional de Antofagasta resolvió cerrar una de las investigaciones derivadas del denominado Caso Convenios y comunicará ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad su decisión de no perseverar respecto del exministro Giorgio Jackson, el exjefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi y la exdirectora de Presupuestos Javiera Martínez, al concluir que no existen antecedentes suficientes para formalizar una investigación en su contra.
La determinación fue adoptada en el marco de una arista que buscaba establecer eventuales responsabilidades de las entonces autoridades por su actuación frente a los traspasos de recursos públicos a fundaciones investigados en el caso. En un escrito presentado al tribunal, el fiscal adjunto Cristián Aguilar informó el cierre de la investigación y solicitó una audiencia para comunicar formalmente la decisión de no perseverar.
La causa se originó tras una ampliación de una querella presentada por diputados del Partido Republicano, quienes pidieron indagar posibles omisiones de control en la asignación de recursos públicos a fundaciones. Esta investigación se desarrolló de manera independiente de otras aristas del Caso Convenios.
Al momento de los hechos, Giorgio Jackson se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi era jefe de asesores del Presidente, luego de haber ejercido como subsecretario de Desarrollo Regional; y Javiera Martínez encabezaba la Dirección de Presupuestos.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo 21 de agosto la audiencia en que el Ministerio Público comunicará oficialmente la decisión.
Reacciones de ex autoridades de gobierno
Tras conocerse la resolución, Giorgio Jackson sostuvo que, después de tres años de investigación, nunca existieron pruebas que lo vincularan con hechos ilícitos. En una declaración pública afirmó que “no ha habido un solo fiscal, un solo perito, un solo juez, un solo testigo o un solo imputado que haya siquiera sugerido alguna participación mía”, agregando además que tampoco surgieron antecedentes que lo relacionaran con el robo de computadores ocurrido mientras ejercía como ministro.
