Con la clausura de un local de máquinas tragamonedas, registrada en el centro de Chillán la semana pasada en el sector del Terminal Rural, la cantidad de estos llamados “casinos populares” que fueron cerrados por orden judicial llegaron a nueve en lo que va del año 2026.
La cifra asoma menor a la de casos registrados años anteriores, precisamente porque conforme a los catastros realizados por la Inspección Municipal de la capital regional, hay menos de estos centros de juegos.
Si en 2024 los locales ubicados en el centro de la ciudad llegaron a ser 31, para junio de este 2026 se redujeron a 21, es decir, la misma cantidad contabilizada en 2014, año que estuvo marcado por una serie de disputas judiciales entre representantes legales de los locatarios y los abogados municipales.
Pese a la baja, la intención de las autoridades es evitar que funcionen mientras presenten irregularidades en cuanto a las patentes, la estricta observación de sus giros o que el personal de trabajo -muchos de ellos extranjeros- estén con su situación migratoria en regla.
“Es por ello que de manera permanente existen campañas de fiscalización desarrolladas por Carabineros, la PDI, Impuestos Internos, Seremi de Salud, Seguridad Pública Municipal entre otros organismos encargados de hacer cumplir las leyes”, explicaron desde la Inspección Municipal.
Sin embargo, y tal como se observa en otro tipo de actividades irregulares (delincuencia incluida), cuando el fenómeno baja en las grandes ciudades es porque sus autores se mudaron a otras más pequeñas.
“Nosotros ya hemos visto que han ido aumentando y hemos estado haciendo diversas fiscalizaciones. Ya tenemos todo listo para materializar la clausura de tres locales, asunto que a más tardar debería concretarse la próxima semana”, anticipó el alcalde Bulnes, Gonzalo Bustamante.
Mientras que la última semana de mayo, un operativo conjunto de Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del SII terminó con la clausura de dos locales de máquinas electrónicas en Yungay, luego de constatar que funcionaban sin patente comercial municipal. La fiscalización se originó, en parte, por inquietudes vecinales relacionadas con la sensación de inseguridad en el entorno de estos establecimientos.
Tal situación comenzó a hacerse patente a partir de 2025. Un ejemplo claro fue el de San Carlos, cuya municipalidad registra siete casos ese año; mientras que en El Carmen materializaron su primer cierre.
Ese mismo año, desde la Municipalidad de Chillán Viejo hicieron público que con el cierre de los últimos dos locales que quedaban operativos en la comuna histórica, los habían erradicado y hasta la fecha no han reaparecido.
El alcalde Jorge del Pozo explicó: “logramos que la Superintendencia nos facultara a exigirle a los locatarios los certificados que acreditaran que sus máquinas era de destreza y no de azar. Mientras no cuenten con esa documentación legalizada, sencillamente, no pueden instalarse en nuestra comuna y hasta la fecha no hay más casos”.
