Una vez más, la cárcel de Chillán vuelve al centro del debate público, esta vez ante la posibilidad de habilitar una sección juvenil para recibir a internos provenientes del Centro de Reclusión de Coronel que, habiendo sido condenados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ya cumplieron la mayoría de edad. La propuesta del Ministerio de Justicia ha generado reparos entre parlamentarios de Ñuble y evidencia, nuevamente, la ausencia de una solución estructural para el sistema penitenciario regional.
Resulta preocupante que, mientras se discuten nuevas modificaciones al recinto ubicado en pleno centro de Chillán, siga sin resolverse la construcción de una cárcel regional, compromiso que se arrastra desde 2008 y que, después de casi dos décadas, continúa sin materializarse.
La iniciativa ministerial contempla utilizar las dependencias del centro de rehabilitación de drogas inaugurado en mayo de 2025, instalación que, precisamente, se habilitó tras eliminar la antigua sección juvenil. Es decir, se pretende deshacer una intervención reciente para responder a una nueva necesidad, sin que exista claridad sobre el destino de un programa destinado a enfrentar el consumo problemático de sustancias entre la población penal.
A ello se suma una evidente falta de coordinación institucional. Mientras la Seremi de Justicia sostiene que se trabaja en los estudios de factibilidad necesarios, Gendarmería Regional asegura que no ha recibido solicitud alguna para realizarlos. Una contradicción que resulta especialmente delicada cuando están involucradas la seguridad de los funcionarios, las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción social.
Sin desconocer la necesidad de abordar los problemas que enfrenta el recinto de Coronel ni de garantizar condiciones adecuadas para los jóvenes privados de libertad, resulta indispensable preguntarse hasta cuándo Chillán seguirá respondiendo a las necesidades penitenciarias mediante adecuaciones parciales de una infraestructura cuya ubicación y características hacen necesario discutir su reemplazo.
El debate de fondo no debiera concentrarse en qué nuevas dependencias pueden habilitarse dentro del actual penal, sino en cuándo y dónde se construirá la nueva cárcel regional.
Ñuble necesita un establecimiento penitenciario moderno, con capacidad suficiente, condiciones de seguridad, espacios adecuados para la rehabilitación y programas efectivos de reinserción. Una infraestructura concebida para responder a las necesidades actuales y futuras de la región, en lugar de continuar adaptando instalaciones existentes para resolver contingencias.
La construcción de un nuevo recinto permitiría, además, concretar una aspiración largamente postergada para Chillán: liberar los terrenos que actualmente ocupa la cárcel y destinarlos al desarrollo de un centro cívico que contribuya a la recuperación y revitalización del área céntrica de la capital regional.
Se trata de una oportunidad de transformación urbana que permitiría integrar nuevos espacios públicos, servicios y equipamiento para la comunidad, otorgando a ese sector una función acorde con su ubicación estratégica dentro de la ciudad.
La discusión sobre el traslado de internos desde Coronel no puede convertirse en otro episodio de soluciones transitorias que terminen perpetuando el funcionamiento de la actual cárcel. Las autoridades deben asumir que el problema penitenciario de Ñuble requiere una respuesta integral, con definiciones concretas sobre emplazamiento, financiamiento y plazos de ejecución.
