La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que amplía la figura de la legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que se encuentren fuera de servicio y deban intervenir ante una agresión grave.
La iniciativa modifica la legislación vigente para permitir que quienes estén de franco puedan acogerse a la presunción de legítima defensa privilegiada establecida en la Ley Naín-Retamal, cuando actúen para proteger su propia vida, su integridad física o la de un tercero.
De acuerdo con el texto aprobado, la protección operará cuando el funcionario repela o impida una agresión que pueda poner en riesgo grave su vida o la de otra persona, incluyendo el uso de armas u otros medios de defensa para enfrentar la amenaza.
Durante el debate se rechazaron indicaciones que buscaban limitar la aplicación de esta figura únicamente a ataques con armas o agresiones cometidas por dos o más personas. Sus impulsores argumentaron que establecer hipótesis demasiado específicas podría dejar fuera situaciones de riesgo no previstas expresamente en la normativa.