Algunas sectores poblacionales de Chillán han enfrentado problemas para mantener operativas sus cámaras de vigilancia.
Se trata de equipos que fueron adquiridos e instalados de manera localizada en los barrios, tras adjudicarse recursos públicos mediante la postulación de proyectos.
Las cámaras cuentan con un año de garantía, que forma parte del compromiso de operación y mantenimiento técnico exigido a los proveedores para asegurar el correcto funcionamiento. Sin embargo, trascurrido ese tiempo, son los propias juntas de vecinos que deben corren con los gastos en caso de requerir asesoría técnica para mantención, configuración o reparación.
Los dispositivos, a los que se hace referencia, no están integrados al sistema público de vigilancia de la ciudad, sino son operados y administrados por determinados vecinos en los barrios, quienes asumen los gastos de internet y electricidad.
Hay lugares donde las cámaras no están funcionando en su totalidad debido a problemas técnicos, que no han sido solucionados por falta de presupuesto para pagar un servicio técnico.
Así lo confirmó el concejal Yerson Soto, quien levantó la preocupación en una sesión de concejo municipal.
“Las Juntas de Vecinos, que con mucho esfuerzo han postulado constantemente a proyectos, me han informado que muchas cámaras están en desuso. No existe hoy día acceso a una subvención, ni del municipio ni del gobierno regional, para mantención o reparación de cámaras de seguridad. Entonces, hoy día estamos teniendo chatarra elevada que no funciona y que sería de mucha utilidad. Solicitar que con el equipo jurídico veamos la posibilidad de generar un ítem de postulación para las organizaciones y las juntas de vecinos de mantención y reparación de cámaras de vigilancia”, manifestó.
Uno de los casos, es la Villa Monterrico, donde hay 13 equipos sin funcionar de un total de 22 distribuidos en pasajes.
“Porque hay que pagar al técnico para que venga a revisar cuál es el problema. A veces es la tarjeta de memoria que está cambiando o la tienen que estar configurando de nuevo. O de repente se mueve la cámara y no enfocan donde se requiere enfocar. No siempre hay plata para reparar. Ya se ha reparado como en tres ocasiones, desde que fueron instaladas y se ha pagado con recursos propios. La última vez nos salió 115 mil pesos. El técnico vino, hizo la cotización y después nosotros vimos si era factible y tuvimos que pagar”, explicó la presidenta de la junta de Vecinos, María Cecilia Fuentes.
Los dispositivos sin funcionar generan sensación de inseguridad frente a la delincuencia, al carecer de medios de prueba para denunciar un delito.
“A parte de que es preocupante no tener registro en el caso de los delitos que se han cometido en el sector. También es un tema de que, muchas veces, la persona quien solicita los registros, de repente creen que es mentira que la cámara no está funcionando, y uno se lleva los malos ratos”, comentó.
En una reunión, donde participó la representante junto a otros dirigentes vecinales, el concejal Yerson Soto, Carabineros e inspectores municipales, se planteó la necesidad de contar con un fondo municipal, que permita postular a recursos para el correcto funcionamiento de las cámaras.
“La propuesta, que nació de la reunión que tuvimos con el concejal, fue si la municipalidad puede dar como una subvención o algunos recursos para poder pagar la mantención que necesitan las cámaras”, dijo Cecilia Fuentes.
Asimismo apuntó a la necesidad de conectar las cámaras vecinales a un sistema integrado de vigilancia, controlado por la municipalidad o Carabineros.
Hace dos años la población Los Volcanes 2 cuenta con tres cámaras de seguridad tras adjudicarse un proyecto postulado al FNDR. La presidenta de esa comunidad, Patricia Valenzuela, comentó que en la actualidad dos equipos funcionan bien. La dirigenta recordó que principio de año tuvieron que hacer una rifa para trasladar la central.
“Las cámaras podrían tener una subvención municipal, porque sale muy caro y a veces la juntas no tienen suficientes recursos para la reparación. Actualmente están bien. A veces, una se apaga. Pero los primeros días de enero tuvimos que pagar como 120 mil pesos para poder trasladar la central de lugar a otro, ya que la vecina no la quería tener más en su casa”, indicó
La demanda vecinal fue recogida, también, por la Unión Comunal de JJ.VV de Chillán que sostuvo hace una semana una reunión con el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, para evaluar una subvención especial.
“Dentro de los puntos que tocamos fue que se pudiera considerar un monto dentro de alguna subvención como un ítem para mantención de cámaras de seguridad. La juntas de vecinos, en los últimos años, han postulado a muchos proyectos para poder instalar cámaras en los distintos sectores, pero cada cierto tiempo requieren mantención. En un principio los proveedores incluyen, en la garantía, la mantención pero dura como un año. Después son las juntas las que tienen que financiar esa mantención. Cuando las cámaras fallan, no configuran bien la hora o cualquier defecto que tengan, es un costo no menor, entre 40 mil pesos y 50 mil pesos por cámara”, detalló el presidente de la entidad, Pedro Lagos.
La petición habría sido acogida por las autoridades, ya que, según explicaron en esa reunión, no había inconveniente establecer un mecanismo de financiamiento.
