Hace algunos días, once integrantes de una banda criminal dedicada al robo de cables y conductores de cobre fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Chillán. Se trata de una organización calificada -por la PDI- como “la más grande que se haya detenido en la región por este tipo de delito”.
En la audiencia, los imputados se presentaron a sí mismos como gásfiter, carpinteros o trabajadores independientes. “Pero es evidente que quien maneja este tipo de organizaciones y quienes operan este tipo de material, tienen un grado de preparación más alto”, advirtió el fiscal Rolando Canahuate. La banda, radicada en Rancagua, habría cometido al menos 21 sustracciones ilegales, totalizando cerca de 13 mil metros de cables desde el 2024.
El éxito investigativo, sin embargo, se atribuye en buena medida a que el dueño de un predio afectado instaló un lente lector de patentes logrando identificar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.
Lamentablemente, el robo de cables no es un fenómeno aislado ni una suma de hechos fortuitos, sino que la acción sistemática de bandas altamente organizadas, con conocimientos técnicos, equipamiento adecuado y capacidad de movilidad interregional.
No es delincuencia común, sino crimen organizado, que ha encontrado en el cobre una fuente rentable, de rápida salida al mercado negro y de bajo riesgo en relación con el daño que provoca.
Según datos de las compañías eléctricas, el robo de cable eléctrico se ha disparado en todo el país, en línea con el alza del precio internacional del cobre, alcanzando niveles alarmantes.
De acuerdo con CGE, en el primer semestre de 2025 se registraron 705 “episodios delictivos”, más del cuádruple respecto al mismo período del año pasado, cuando apenas se contabilizaban 190. En Ñuble, se han robado 8.989 metros, afectando a miles de hogares y evidenciando una escalada que trasciende lo anecdótico para instalarse como una amenaza estructural.
En Ñuble, una región que ya convive con desafíos de conectividad, infraestructura y desarrollo energético, el robo de casi 9 kilómetros de cable en seis meses no es un dato marginal. Equivale a dejar temporalmente sin energía a miles de hogares, postas rurales, sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua o cámaras de seguridad.
Lamentablemente, quienes sustraen cobre pueden actuar con relativa tranquilidad, amparados en la dispersión geográfica de sus operaciones y en la dificultad para detectar y fiscalizar la venta informal de este material.
Por eso, cabe preguntarse si las herramientas legales disponibles son suficientes para enfrentar un delito que ha evolucionado con rapidez. ¿Es momento de endurecer las penas por robo de infraestructura crítica? ¿De establecer mayores controles al comercio de metales no ferrosos?
Desde una mirada regionalista, este tipo de delitos afectan con mayor severidad a zonas alejadas, donde las redes eléctricas son más vulnerables, los tiempos de respuesta más lentos y los costos sociales más altos.
Es hora de recuperar el control, y para ello se requiere una estrategia de protección de infraestructura crítica adaptada a las realidades locales y con participación activa de la comunidad.
