En medio del combate al fuego que se extiende hace tres semanas en la precordillera de Ñuble, la polémica rodea el accionar de los organismos estatales. La razón, la demora en dictaminar la alerta roja.
El pasado 20 de febrero, tras un sobrevuelo por el siniestro -que ya consumía cerca de 800 hectáreas- la directora nacional de la entidad, Aída Baldini, descartó decretar alerta roja debido a que el incendio no cumplía entonces con los requisito para ello, como la amenaza a vidas humanas, a la infraestructura pública crítica o representara riesgo inminente a viviendas habitadas.
“Una de las cosas que trae la alerta roja es un aumento de recursos, y no obstante a que ese incendio no cumple con ninguna de las exigencias del protocolo, si hubiésemos tenido escasez de recursos, la habríamos decretado igual”, advirtió.
Finalmente, la alerta roja fue decretada cuatro días más tarde -diez días después de iniciado el fuego- cuando el incendio abarcaba 996 hectáreas.
A las críticas por la oportunidad de la medida, se sumó el propio gobernador regional, Óscar Crisóstomo y posteriormente vecinos de localidades precordilleranas, como Recinto, debido al grave daño ecológico.
Los cuestionamientos continuaron también desde el mundo científico.
“La alerta roja debió decretarse antes. Esto hubiera permitido disponer de más recursos, mejorar la vialidad y facilitar el acceso de brigadas a las zonas más bajas del incendio. Se tardó mucho en tomar esta decisión, lo que permitió que el fuego siguiera avanzando”, explicó el investigador Jorge Félez Bernal, del Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción en declaraciones reproducidas ayer por el medio El Desconcierto.
Según el experto, existe una mirada antropocéntrica en el manejo de incendios forestales, donde la protección se orienta a viviendas, equipamiento y patrimonio forestal, dejando en segundo plano la conservación del bosque nativo y la biodiversidad.
