Vaya donde se vaya, probablemente se escuchará que “esta ciudad ya no es lo que solía ser”.
Y el diagnóstico será idéntico, también: delincuencia en aumento, basura en las calles, tráfico de drogas, inmigración ilegal y comercio ambulante sin control. De esto no se salva Chillán.
El problema es que cuesta creerlo y más aún aceptarlo para una comunidad que aún tiene sabor a barrio, donde aún se saluda a una cincuentena de conocidos cada vez que se va al centro y donde hasta sólo un puñado de años la gente dejaba el auto abierto fuera de sus casas o las pelotas y bicicletas en el antejardín. Ya no es posible.
Las cifras, al menos, lo hacen parecer una locura, si se considera que hay ciertos tipos de delitos de robo que han aumentado en más de un 200% ó 300% respecto al Chillán previo a las protestas por el 18-O y a los años de pandemia.
“El problema es que por la dotación que tenemos de Carabineros, lo que tenemos en la calle no es más que 34 ó 35 funcionarios por turno. Imagina lo que es eso para una ciudad como Chillán, que ya tiene más de 200 mil personas”, apunta el alcalde de la comuna, Camilo Benavente.
Nota al margen, para la ONU el mínimo ideal de policías de función preventiva y de orden es de 1,8 por cada mil habitantes; mientras que el promedio internacional es de 2,8 por cada mil.
Sin embargo, aunque el rol de una municipalidad no es la de perseguir delitos, ni controlar la inmigración ilegal ni el desalojar personas que acampan en los espacios de uso público, “nosotros tenemos un claro compromiso con la seguridad de la comunidad, y es por eso que invertimos recursos como nunca antes en cámaras, vehículos de patrullaje y tenemos 50 inspectores nuevos”, apunta el jefe comunal.
Pese a esto, las carpas en los espacios públicos siguen apareciendo (incluso en las inmediaciones de la Plaza de Armas), el comercio callejero ilegal se ha tomado calles que no tenían ese problema; y pese a que se ha hecho desalojos de personas que viven bajo los puentes, estos vuelven una y otra vez.
Es más, casi como si fuera un sarcasmo, una vez que la DOH y el Municipio instalaron rejas en el puente de Argentina con Maipón y sacaron a sus moradores, al día siguiente volvieron, rompieron las rejas, se instalaron con una estructura aún más grande y hasta “se colgaron a la luz, así que ahora cuentan con electricidad”, acusa el concejal Rodrigo Ramírez.
En la Municipalidad de Chillán dicen haber recogido el guante y ya se vienen realizando mesas de trabajo para preparar una estrategia que –a diferencia de los poemas de toda la vida- sí de resultado.
Y es aquí que asoma una fecha clave: el 31 de marzo.
Fin del Estado de Excepción
No es sorprendente que el delito de robo por sorpresa haya aumentado considerablemente en la ciudad.
Al menos, así se desprende de las estadísticas de Carabineros y su plataforma STOP, de análisis georreferencial de delitos.
El llamado lanzazo se genera en lugares de alta concurrencia, en sectores comerciales y que le ofrezcan al delincuente espacios para esconderse, arrancar o bien hacer “desaparecer” en cosa de segundos lo robado, en caso de ser detenido.
Y para esto último no hay nada mejor que las calles repletas de comercio ambulante ilegal.
“El 31 de marzo se acaba el Estado de Excepción y a partir de esa fecha, nosotros podemos comenzar a hacer las fiscalizaciones al comercio ambulante, porque había algunos que estaban trabajando con permisos precarios, que si bien ya caducaron, no era posible retirarlos por estar en Estado de Excepción”, explica el alcalde.
En concreto, hoy no existe nadie en la comuna que tenga permiso para ejercer comercio ambulante, “por lo que a partir del 31 de marzo, la orden es comenzar una fiscalización intensa y erradicar eso de manera definitiva”, añade el jefe comunal con la seguridad de contar con 50 inspectores nuevos y con las llamadas Patrullas Mixtas, compuestas por funcionarios municipales y Carabineros.
Como una muestra de la eficacia de este plan se puede citar lo ocurrido en la tarde del viernes en calle El Roble, entre Arauco y 5 de Abril.
Tres parejas de Carabineros rondando de manera constante por el sector y nadie- pero nadie- vendiendo productos en el suelo. Ningún comerciante callejero.
“Nosotros ya definimos los puntos más críticos en este sentido y de manera conjunta con Carabineros desarrollamos un plan estratégico que se va a apoyar en rondas constantes. Tenemos definidas brigadas especiales para erradicar el comercio ambulante ilegal y al menos podremos establecer rondas permanentes en turnos de la mañana y en la tarde, que es la hora donde hay más personas en el centro”, anticipa Alejandra Martínez, directora de Seguridad e Inspección Municipal.
No es primera vez que se escucha este tipo de anuncios en Chillán. Eso de la “Tolerancia Cero” se viene repitiendo hace más de diez años y en el fondo se trata de operativos de un solo día, hechos generalmente “para la foto”.
“Lo que pasa es que la clave pasa por hacerlo de manera permanente y de manera sistemática, no basta con salir un par de días, ya que sabemos que apenas los inspectores desaparecen, los ambulantes vuelven”, explica la directora, quien consultada por LA DISCUSIÓN, confirma que esta vez sí se está en condiciones de garantizar mejoras evidentes al respecto.
La Corte y el Paseo Ahumada
Los dueños de la Librería Antártica, ubicada en el Paseo Ahumada, en Santiago Centro, presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones para que la Municipalidad de esa ciudad erradicara el comercio ambulante que se tomó el histórico espacio comercial y cívico.
Para sorpresa de muchos, el tribunal de alzada acogió el recurso (aunque con fallo dividido) el pasado 7 de marzo y notificó al municipio, que a su vez comunicó a los medios que ya iniciaron un plan de erradicación.
Tanto el alcalde de Chillán, como los jefes comunales de casi todo el país están a la expectativa del devenir de esta resolución y de ver de qué manera la alcaldía liderada por Irací Hassler le hace frente a un grupo de personas que destacan por su nivel de violencia, agresividad y rebeldía.
Menos entusiasmo pareciera tener el abogado penalista chillanejo, Rodrigo Vera Lama, quien tras analizar el fallo advierte que podría ser sólo una suerte de “declaración de principios” por parte de la Corte de Apelaciones, que buscaría solo asentar una señal de que como parte del Poder Judicial se quieren sumar al rechazo que este tipo de actividades despierta en el grueso de la sociedad.
“Lo que pasa es que no es cierto lo que aparece en la mayoría de los medios, no es verdad que la Corte haya ordenado el desalojo del comercio ambulante, porque en estricto rigor no pueden. Al igual que lo que pasó en la provincia de Arauco cuando las víctimas de violencia presentaron un recurso para que la Corte Suprema le ordenara al Gobierno adoptar medidas para tener mayor seguridad, sin embargo, esas son medidas abstractas, es decir, piden que se planifiquen estrategias, lo que en el fondo cada municipalidad o, en este caso, el Gobierno, pueden hacer sin que nadie se los pida”, aclara.
Pese a esto, el penalista anticipa un escenario de repeticiones si es que el plan metropolitano da resultados.
“Lo vimos con el tema del uso de la mascarilla para la pandemia. Primero, una municipalidad acudió a la Corte para que se hiciera obligatorio en una comuna, y luego se fueron sumando las otras a esta misma instancia. Entonces, es muy probable que acá pase lo mismo”, sostuvo.
Al menos una cosa es clara. Nadie podrá presentar acciones en la Corte en caso de ser desalojados por la Fuerza Pública.
Depende del proyecto
Respecto a las personas que viven bajo los puentes, las quejas no pasan solamente por un asunto de estética paisajista.
Las denuncias de asaltos, robos e incluso por venta de pasta base se han multiplicado en las inmediaciones. Uno de los lugares más golpeados por esta situación es el sector de los locales nocturnos de avenida Argentina, cuyos dueños llevan años pidiendo mayor seguridad.
La evidencia ha demostrado que los desalojos y cierres perimetrales no funcionan en lo absoluto. “Por eso lo que buscamos es que la Dirección General de Aguas (DGA) nos autorice a ampliar el lecho bajo los puentes, es decir, eliminar las franjas de tierra en donde ellos se instalan”, explica el administrador municipal, Richard Guzmán.
Hechas las consultas a la dirección regional de la DGA (dependiente del MOP) su titular, Marcelo Godoy, explica que, por ejemplo, “el estero Las Toscas es un cauce natural, nosotros no podemos aumentar el caudal de manera voluntariosa. Un posible aumento, podría ser que algún canalista quiera vertir sus aguas por ese cauce, para ello deben presentar una autorización de uso de cauce natural”.
De todas maneras, Godoy plantea que “como Ministerio de Obras Públicas, a través de nuestra Dirección General de Aguas, estamos dispuestos a colaborar, pero eso depende del proyecto que se presente por parte del municipio para modificación del cauce”.
Conforme a lo recabado por personal municipal, quienes moran bajo estos viaductos no necesariamente son todas personas en situación de calle.
De hecho, tras algunos desalojos, los afectados llaman a familiares para que los vengan a buscar. “Pero también hay gente que no cuenta con una residencia fija, el problema es que muchos de ellos padecen de consumos problemáticos de drogas o alcohol y otros, sencillamente, se niegan a dar información respecto a ellos. Son muy pocos los que aceptan ser trasladados a alguna de las hospederías municipales”, advierten.
Las carpas
Finalmente, respecto a quienes acampan en lugares de uso público, en la Municipalidad explican que “hay cada vez menos. La que estaba en Libertad con Arauco se retiró y la de 18 de Septiembre con Ecuador, también”, dice Alejandra Martínez.
Para la directora de Seguridad, “al igual que con el comercio ambulante, para que esto funcione, debemos exigirnos ser constantes”.
