El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la discusión abierta por la denominada “Ley Alejandro”, iniciativa impulsada por la familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió tras una violenta encerrona registrada el pasado 23 de junio en la comuna de San Bernardo.
La propuesta busca promover modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de que entre los presuntos responsables del crimen se identificara a dos adolescentes de 17 años.
El caso ocurrió durante la madrugada, cuando Alejandro viajaba junto a su padre y su tía por el sector de Catemito, en la caletera de la Ruta 5 Sur. Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, un grupo de delincuentes interceptó el vehículo, lo robó y escapó con el menor aún en su interior. El niño quedó atrapado por el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros, falleciendo producto de las graves lesiones.
La investigación se desarrolla por el delito de robo con homicidio, además de otros ilícitos cometidos esa misma noche. Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado a cinco personas como participantes directos en la encerrona fatal: dos adolescentes de 17 años y tres adultos, quienes enfrentan distintas medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.
Durante un punto de prensa realizado en el Estadio Monumental, la familia del menor anunció que impulsará la denominada “Ley Alejandro”, cuyo objetivo es que quienes participen en encerronas y delitos violentos cometidos en grupo cumplan condenas efectivas, sin beneficios, independientemente de su edad. La iniciativa también propone revisar el actual sistema de responsabilidad penal adolescente.
Respuesta del Gobierno
Consultado sobre esta propuesta, el ministro Arrau señaló que el Gobierno ya había planteado la necesidad de revisar la legislación vigente. “Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias. Nuevas iniciativas que abran este debate son positivas”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el sistema actual “no está dando buena respuesta”, por lo que consideró necesario avanzar en eventuales modificaciones legales
