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Argentina se encuentra inmersa en una nueva controversia tras la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de modificar, vía decreto, la ley de acceso a la información pública. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, ha generado preocupación entre organizaciones civiles y la prensa, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de estas modificaciones para la transparencia y el control ciudadano.
La normativa recientemente aprobada establece que el Estado no está obligado a proporcionar información que esté relacionada con la vida privada de los funcionarios públicos ni con aquellos documentos considerados preparatorios para una decisión estatal, como papeles de trabajo o reuniones previas. Estas modificaciones, que amplían los criterios de excepción para no brindar información pública, han sido recibidas con escepticismo y críticas por parte de distintos sectores.
Desde hace siete años, Argentina cuenta con una ley de Acceso a la Información Pública que permite a los ciudadanos obtener datos de carácter público, un mecanismo que ha sido fundamental para desvelar comportamientos impropios de las autoridades, investigar causas judiciales y arrojar luz sobre las actividades y reuniones de los funcionarios públicos. Sin embargo, las recientes modificaciones introducidas por el Ejecutivo podrían limitar significativamente la efectividad de esta herramienta.
Según el decreto firmado por el presidente Milei, la ciudadanía no podría indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, o cuántos perros acompañan al mandatario.
Ello, porque el derecho de acceso a la información pública excluye ahora la que “hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
La Fundación Poder Ciudadano destacó en sus redes sociales que “ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso”.
Asimismo, la entidad recordó que “el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales” y que “la información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía”.
