El apagón que afectó este martes por cerca de seis horas a más de ocho millones de clientes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde Arica a Los Lagos, ha generado numerosas reacciones en la comunidad, pero también a nivel político y de expertos.
La muerte de personas (electrodependientes), el trastorno que significó para la calidad de vida de la gran mayoría de los chilenos, el impacto económico en miles de pymes y la caída de las telecomunicaciones, son algunas de las consecuencias más destacadas por una opinión pública indignada con las empresas y con las autoridades.
La situación experimentada el martes, que desnudó un gran punto débil de Chile, debe analizarse en dos dimensiones: la prevención y planificación, y la capacidad de respuesta.
Si bien las responsabilidades de la falla no están totalmente claras, la información disponible permite identificar ciertas vulnerabilidades de la red eléctrica, que tienen que ver con el diseño y la infraestructura de transmisión, pero también conviene poner atención en la calidad del servicio que prestan las empresas de transmisión que protagonizaron el problema; y también en la gestión del sistema, a cargo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), un organismo público técnico independiente, cuya misión es garantizar la seguridad del suministro y la operación eficiente del sistema.
EL CEN fue creado en 2017 tras la interconexión del Sistema Interconectado Central y el Sistema Interconectado del Norte Grande, dando origen al SEN, que permitió lograr mayores eficiencias, pero también lo hizo vulnerable a fallas que pueden propagarse.
Dejando de lado los cuestionamientos a la propiedad de las empresas eléctricas, por carecer de fundamento técnico y estar teñidas por un tufillo estatista; es importante poner atención a la calidad de la legislación que regula la transmisión, recientemente modificada para impulsar nuevas inversiones necesarias y urgentes, a través de la Ley de Transición Energética, promulgada en diciembre precisamente en Ñuble, dado el rezago de infraestructura y la paralización de proyectos emblemáticos que enfrenta la región. En ese sentido, conviene recordar que la calidad de la legislación es directamente proporcional a la calidad del trabajo parlamentario.
En cuanto a la capacidad de respuesta del sistema, reconociendo que el apagón constituyó un hecho inusual en el país, la demora en la reposición del suministro a todos los afectados fue excesiva y exige sacar las lecciones necesarias para evitar que un nuevo apagón genere los mismos impactos.
Por la información que se conoce hasta ahora, la empresa ISA InterChile, apuntada como la responsable de la falla, indicó que estuvieron listos para reconectarse 44 minutos después de la caída, sin embargo, el ministro Pardow explicó ayer que la extensión del corte tuvo que ver “con un conjunto de responsabilidades”, puesto que, “activos de generación, que son los que tienen que reponer el suministro, fallaron en reiteradas oportunidades”. Y a su vez, el sistema automático que coordina las distintas partes del SEN también presentó numerosas fallas. Se trata del sistema Scada, administrado por la empresa de transmisión Transelec.
Las investigaciones permitirán identificar las responsabilidades de las empresas involucradas, lo que derivará en sanciones; sin embargo, también es importante que el Coordinador reconozca su parte y, por supuesto, que el gobierno y el legislador aborden los desafíos regulatorios y de planificación que permitan contar con un sistema más resiliente.
