La muerte de una mujer de 41 años en la Ruta del Itata, tras una colisión por alcance provocada por un conductor en estado de ebriedad vuelve a instalar una preocupación recurrente en Ñuble: la persistencia de conductas irresponsables al volante que terminan costando vidas. El hecho es aún más dramático por las otras seis personas lesionadas, entre ellas un niño de cuatro años que permanece en riesgo vital. Una tragedia que pudo evitarse y que refleja las consecuencias de una decisión individual que pone en peligro a toda la comunidad.
Este accidente no es un caso aislado. Durante la misma semana, otros siniestros graves en la región tuvieron como factor presente el consumo de alcohol. Entre ellos, la colisión ocurrida en Avenida Ecuador, en Chillán, donde un conductor que circulaba a alta velocidad, con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre y sin licencia de conducir, chocó contra vehículos detenidos. Su copiloto, de 28 años, falleció posteriormente en el hospital. Dos episodios distintos, pero unidos por una conducta que transforma las calles y carreteras en escenarios de riesgo para personas que simplemente se desplazan de un lugar a otro.
Con 47 fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va de 2026, Ñuble ya igualó el número de víctimas fatales registrado hasta el 19 de octubre del año pasado. El dato demuestra que, pese a los llamados a la responsabilidad y a las medidas de fiscalización, no se ha logrado reducir la mortalidad vial. Y aunque el balance general de los siniestros requiere considerar otros factores, la reiteración del alcohol como causa basal en hechos recientes obliga a poner especial atención en una conducta que es prevenible.
La Ley de Tolerancia Cero estableció límites más estrictos para el consumo de alcohol al conducir, pero ninguna norma puede resultar suficiente si no existe conciencia de que beber y manejar son decisiones incompatibles. No se trata solo de evitar una multa, la suspensión de la licencia o una condena penal. Es comprender que ponerse al volante bajo los efectos del alcohol puede significar la muerte propia o la de personas que nunca tuvieron la posibilidad de elegir el riesgo al que fueron expuestas.
La fiscalización policial, los controles de alcoholemia y las sanciones judiciales son indispensables, pero deben complementarse con una labor permanente de educación y prevención. También es necesario reforzar la responsabilidad del entorno: impedir que una persona ebria conduzca, organizar traslados alternativos y desterrar la normalización social de conductas que todavía algunos consideran una imprudencia menor.
Ñuble no puede resignarse a repetir las cifras de mortalidad de un año a otro, como si se tratara de una estadística inevitable. Detrás de cada número hay una vida y una historia interrumpida. Evitar que el alcohol siga protagonizando estas tragedias exige decisión institucional, fiscalización sostenida y, sobre todo, un cambio cultural: quien bebe no conduce. No hay excusas que justifiquen poner en juego la vida de los demás.
