La preocupación de los municipios por los efectos de la reforma al sistema de contribuciones sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) sostuvieran una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el impacto que tendría la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años en su primera vivienda.
La cita, realizada en dependencias del Ministerio de Hacienda, se concretó en medio de la creciente inquietud de los alcaldes por la eventual disminución de recursos que recibirían las comunas a través del Fondo Común Municipal. Aunque los jefes comunales valoran el objetivo de aliviar la carga económica de las personas mayores, advirtieron que una implementación sin criterios de focalización podría generar importantes desequilibrios financieros en los municipios.
Tras el encuentro, varios alcaldes señalaron que el secretario de Estado mostró disposición a estudiar alternativas que permitan compensar la merma presupuestaria. Entre las propuestas planteadas se encuentra reducir del 65% al 60% el aporte que realizan algunas comunas al Fondo Común Municipal, además de revisar partidas presupuestarias que puedan ser redestinadas a los gobiernos locales.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, incluso planteó evaluar la continuidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), argumentando que los recursos destinados a dicha repartición podrían llegar directamente a los municipios afectados.
Desde las comunas advirtieron que el impacto podría ser significativo. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sostuvo que una reducción cercana al 8% del presupuesto municipal sería compleja de absorber, mientras que el presidente de Amuch y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, afirmó que Hacienda no dimensionaba completamente las consecuencias que tendría la medida en cada territorio.
Uno de los puntos que concita mayor consenso es la posibilidad de establecer límites a la exención según el nivel de ingresos de los beneficiarios, de manera que los adultos mayores con mayores recursos mantengan la obligación de contribuir. La propuesta también ha encontrado respaldo en sectores académicos.