Con aplausos fue despedido de la asamblea anual de regantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, el alcalde suplente de San Ignacio, Patricio Suazo Romero, tras expresar su apoyo al Embalse Zapallar que implica seguridad de agua para la población, abrevadero para animales y riego para cientos de familias de la pequeña y mediana agricultura de Bulnes, San Ignacio y El Carmen.
Este apoyo se contrapone a la postura del alcalde César Figueroa Betancourt, que hoy se encuentra privado de libertad, quien era un fuerte opositor a esta obra que incorporará 10 mil hectáreas de nuevo riego.
En su discurso ante los socios, Patricio Suazo se identificó con los agricultores de riego, como parte de ellos, y señaló que en su mandato aportará para concretar el embalse cumpliendo con toda la normativa requerida y con las medidas compensatorias a los afectados. Asimismo, destacó el papel que cumple “la noble profesión de producir alimentos en momentos complicados por la falta de agua”.
También concurrió el alcalde de Bulnes, Guillermo Yeber Rodríguez, quien, de igual forma, expresó un apoyo decidido al Embalse Zapallar, por la importancia que tiene para la zona en lo económico y social, ya que asegura el abastecimiento de agua para la población, genera empleo y producción para el sector y el país.
Optimismo de los regantes
El juez de río de la Junta, Francisco Saldías Muñoz, destacó los avances significativos que ha tenido el embalse Zapallar. De hecho, recordó que el gobierno, a través del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego ha determinado que se avance en la concreción del Embalse Zapallar, como una obra de riego financiada por el Estado y no en el sistema de concesiones.
La decisión, además de constituir un espaldarazo para el proyecto, también supone un cambio drástico respecto de la postura de la administración Piñera, en la que se planteó financiar el proyecto, que considera una inversión de US$349 millones (incluyendo la red de canales), a través del sistema de concesiones.
El Zapallar es un viejo anhelo de los agricultores del Diguillín, pues constituye una obra pendiente del Canal Laja-Diguillín, cuya construcción concluyó en 2008. Se estima que su capacidad de almacenamiento será de 80 millones de metros cúbicos (cuatro veces el tranque Coihueco).
Según el MOP, las aguas del embalse permitirán incorporar unas 7.000 hectáreas de pequeños y medianos agricultores que transformarán sus tierras de secano a nuevo riego en la parte alta de las comunas de San Ignacio y El Carmen. Se trata de unas 950 propiedades de las cuales más del 85% tienen una superficie inferior a 25 hectáreas. Además, permitirá regar otras 3.000 hectáreas que completarán las superficies faltantes del sistema Laja-Diguillín de otros 1.823 agricultores denominados “Blancos” y de 488 productores denominados “adicionales”.
En cuanto a los “Blancos”, que son pequeños agricultores postergados del proyecto Laja Diguillín, se dio cuenta de avances definitivos para la puesta en riego en forma paulatina de otras 8 mil hectáreas de riego.
Consultado sobre la tramitación del estudio de impacto ambiental del embalse, Saldías precisó que se espera que en octubre próximo, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP -titular del proyecto- presente una nueva adenda con las respuestas a las observaciones.
“Estamos muy optimistas por el apoyo que hemos recibido de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, así como de los alcaldes de Bulnes y San Ignacio. Esperamos sacar adelante este proyecto con la voluntad de todos, con el apoyo del Gobierno Regional de Ñuble también, porque este embalse no solo dará seguridad de riego a miles de hectáreas, sino que permitirá a estos agricultores incorporar cultivos más rentables, y así mejorar sus ingresos, generar más empleos y empujar la economía local”, destacó Saldías.
