Señor Director:
Que 22 alcaldes deban gobernar con custodia policial no es un hecho aislado: es la prueba de que el crimen organizado dejó atrás el soborno silencioso y ahora busca disputar la soberanía territorial, forzar el repliegue del Estado e imponer un Estado paralelo.
Los municipios están en esa primera línea: cierran locales clandestinos, demuelen propiedades asociadas al narcotráfico y fiscalizan el comercio informal, pero enfrentan ese riesgo con leyes insuficientes y recursos desiguales entre las comunas.
Intimidar a un jefe comunal no solo vulnera a una autoridad electa, sino que atemoriza a inspectores, trabajadores de salud y cuadrillas de obras, lo que reduce la presencia pública en las poblaciones más postergadas.
Normalizar que la gestión de los jefes comunales dependa de escoltas replica un escenario frecuente en países vecinos. Apoyar a los municipios es una urgencia nacional que definirá quién controla nuestros territorios.
Aldo Manuel Herrera
Investigador del Instituto Libertad
