La denuncia de un trabajador municipal contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, por presuntos daños, lesiones y amenazas, no dejó indiferente al concejo municipal convocado este martes.
La autoridad será formalizada por estos delitos el 1 diciembre próximo tras la presentación de una querella el 18 de marzo por parte de Fernando Gajardo, quien se desempeña en el programa Habilidades para la Vida que imparte el municipio en convenio con Junaeb.
El funcionario a contrata acusó que lo habría intentado estrangular en su domicilio el 7 de marzo pasado, donde su esposa tras intervenir habría sido sido afectada por el actuar violento que habría tenido supuestamente la primera autoridad comunal tras una diferencia de opinión y bajo una eventual ingesta de alcohol.
Por esta situación, que tendría como víctima a su pareja, el ingeniero en administración, de profesión, presentó simultáneamente una segunda querella por injurias y calumnias que tendría fecha de formalización el 2 de noviembre. Además, hay en curso un proceso disciplinario instruido por Contraloría en abril pasado que debería culminar próximamente, tras la fase de indagatorias, en el marco de la ley Karyn.
Tras salir estas denuncias a la luz pública la semana pasada, el concejal Carlos Molina solicitó el esclarecimiento de los hechos, rechazando actos que puedan atentar con la dignidad e integridad de los funcionarios.
Su posición fue reafirmada mediante una carta firmada con el apoyo de sus pares, Evelyn Baltierra, Luis Gacitúa y Francisco Hernández.
“Rechazamos categóricamente toda conducta de violencia física, psicológica, sexual o de cualquier otra naturaleza. Empezamos nuestra solidaridad y respeto hacia las personas que han denunciado sus hechos. Segundo, que las instituciones competentes actúen con independencia, seriedad y rigor. Solicitamos que se esclarezcan los hechos y que se adopten oportunamente las medidas que correspondan conforme a derecho. La ciudadanía tiene derecho a esperar de sus autoridades una conducta coherente con los principio de probidad, responsabilidad y respeto al ejercicio de la función pública. Solicitamos que los órganos competentes determinen dentro de sus atribuciones legales las medidas administrativas e institucionales que resulten procedentes frente a los antecedentes conocidos con especial atención al resguardo de las personas eventualmente afectadas”, manifestó.
Frente a lo expuesto , alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, reaccionó con serenidad. En su defensa atribuyó las denuncias a un interés político y a un ánimo por denostar su función municipal entre quienes no pertenecen a su círculo de confianza.
“Es difícil, porque hay personas que nunca me van a creer, nunca van a hablar algo positivo de este alcalde, a pesar de la transformación que ha tenido la comuna. Hay una animosidad y un interés político por desacreditarme. (…) Pero a la luz de los hechos, no sé cuál es el interés de armar WhatsApp, todos contra Jorge del Pozo. No se ha llegado a ningún juicio donde me hayan dado la oportunidad de defenderme siquiera. Yo sigo bien pasivo. Nunca he buscado en este tiempo dar explicaciones públicas, contrarrestar las declaraciones que se realizan. Yo le digo, pero contra tanta maldad, tanta coordinación y tanta persecución hacia mi persona, ¿Qué pudiese cambiar en estas 10 o 12 personas que se han empeñado en desacreditarme, en dañar mi honra y mi dignidad permanentemente?”, expresó.
Frente a la investigación por abuso sexual y violación en curso, tras denuncias de dos ex funcionarias, la autoridad comunal rechazó las acciones interpuestas y su compromiso por la transparencia.
“Hemos siempre estado disponibles para entregar antecedentes, y digo disponibles porque a pesar de todo lo que se dice, créanme que en esta última situación que ocurrió en marzo, aún no me citan a dar mi versión. Hay solo una versión. Esa versión está tergiversada, absolutamente. Va por largo, mucho más allá de los hechos reales. Se ha mentido, injuriado y calumniado, derechamente”, cuestionó.
Finalmente sostuvo que su foco siempre ha estado puesto en trabajar en la comunidad más allá del ejercicio del poder y la influencia que otros tendrían como prioridad.
“Cuando uno llega a este cargo, algunos con propósito de trabajar por la comunidad y cambiar la vida de las personas, otros con otros intereses de poder que yo nunca los he tenido por supuesto. Otros con ganas de tener la posibilidad de servirse del cargo, yo nunca lo he tenido. He dejado la política afuera. Todos los funcionarios que han llegado, de confianza y no confianza, lo que siempre he transmitido es el deseo y lo único que me ha venido es trabajar por la comunidad”, manifestó.
Concluida la sesión municipal, el funcionario denunciante contactó a La Discusión para sostener que el alcalde habría tenido la posibilidad de emitir sus descargos, sin embargo, ha supuestamente aplazado uno de los procesos judiciales.
“Nosotros tuvimos audiencia fijada para agosto y él solicitó a su abogado cambio de fecha y la segunda fecha será el 2 de noviembre en base a injurias y calumnias por la misma situación. Entonces, él ha tenido su derecho a réplica y no lo ha querido ejercer, porque ha querido aplazar lo más posible esta situación. Siento que injusto que mencione que no ha tenido la posibilidad de hablar, porque él ha evitado realizar sus descargos”, manifestó Fernando Guajardo.
