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En Concepción se realizó el primer encuentro regional de la Alianza Anticorrupción, grupo de trabajo que reúne a representantes de diversas instituciones del país y que tiene por objetivo promover la integridad a nivel transversal y generar herramientas que potencien la probidad al interior de los servicios del Estado.
En este contexto, la a contralora (s), Dorothy Pérez, planteó su preocupación respecto a los sumarios internos en los servicios públicos, luego de que una funcionaria de la Seremi de Salud -presente en la instancia- le expresara su interrogante y sensación al ejemplificar con que muchas veces se realiza un sumario respectivo contra algún funcionario cuestionado, pero dicho trabajador público sigue percibiendo sueldo y no es apartado de sus funciones.
“El tema de los sumarios administrativos, y también de las investigaciones sumarias en nuestro país, es un tema bien delicado; de hecho yo lo calificaría como grave”, dijo la contralora (s) Pérez. “El nivel de retraso que hay en la administración pública, tanto central como municipal y regional -de todo nivel-, de la cantidad de sumarios que están pendientes por años y años en trámite aún, con funcionarios que están cobrando su sueldo, pero suspendidos, y en sus casas; con funcionarios que no tienen certezas jurídicas de cuáles van a ser los resultados -algunas de esas personas son inocentes y están siendo sumariadas y siendo estigmatizadas por años-… Hay una multiplicidad de problemas que se producen en la materia”.
Respecto a qué puede hacer la Contraloría en estos casos, Pérez indicó que la institución que representa está haciendo un llamado a las instituciones públicas a que “focalicen en la investigación de los sumarios administrativos los hechos específicos que se les mandató a sumariar”.
Lo anterior fue fundamentado en que los archivos que exponen las razones de un sumario, muchas veces abarcan demasiadas aristas, cuestión que a juicio de la contralora (s), dificultan la investigación respectiva porque la misma se amplía cada vez más. “Tenemos que lograr focalizar hacia los hechos específicos que dieron origen a esa investigación. Luego, para los hechos distintos que el Fiscal detecte, tendrá que informarlos”.
Nuevo estatuto de protección al denunciante
Uno de los puntos que se detalló como novedad en las ponencias, fue lo expuesto por la contralora (s) Dorothy Pérez, en lo que dice relación con el nuevo estatuto de protección al denunciante (Ley N° 21. 592). En palabras de Pérez, esta modificación a la normativa pretende incentivar la denuncia activa de funcionarios públicos tras haber tomado conocimiento de un posible caso de corrupción. Y, en detalle, el grueso de esta iniciativa es proteger al denunciante: o sea, prevenir represalias ante quien denuncia.
“Esta nueva ley va a entrar en vigencia una vez la Contraloría tome razón del reglamento que está actualmente en trámite en la Contraloría”, dijo la contralora (s). Sin embargo, también señaló que hay un problema: “El problema es que este nuevo estatuto requiere un canal de denuncia. (…) El problema es que este canal de denuncia, de cómo está establecido en esta nueva ley, tiene muchas exigencias que no están cumplidas en este canal de denuncias online que tenemos en la Contraloría. Entonces tenemos que hacer una plataforma nueva”.
Y he ahí uno de los desafíos de la Contraloría ya para generar este nuevo canal, de acuerdo a la nueva normativa, el que requiere elementos tales como que no se pueda saber la identidad del denunciante -para que sólo se pueda extraer en ciertos casos-, para que se pueda conformar un expediente con las diversas presentaciones que las personas -no solo el denunciante puedan ir haciendo-, se requieren recursos que, según dijo la contralora (s) Pérez, “no nos dieron recursos para eso”.
Sin embargo, agregó que “todavía esto está en estudio aún, el equipo informático no sé cómo lo va hacer, pero está a toda velocidad tratando de ajustar esta nueva plataforma. (…) Entonces, están los equipos trabajando para poder tener esta plataforma lo más pronto posible y también están haciendo algunas revisiones jurídicas del reglamento para que entre en vigencia la ley”.
¿Y qué pasará cuando entre en vigencia esta nueva ley? De acuerdo a lo expuesto por la contralora subrogante, seguramente aumentarán las denuncias, debido a que la nueva normativa trae incentivos para los funcionarios públicos que denuncien como, por ejemplo, si se llega a acreditar la irregularidad que se está haciendo denunciada, “la persona que hizo la denuncia tendrá la posibilidad de ascender en su escalafón funcionario y quedar en los primeros lugares para poder ascender”.
Texto: Sebastián Rojas
