La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este lunes la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez (exFrente Amplio), por lo que la Fiscalía ahora la podrá formalizar, en el marco del bullado caso Democracia Viva, por su presunta participación en el delito de fraude al fisco.
“Existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público, como asimismo la participación de la imputada de la República señora Catalina Pérez Salinas, se ha acordado -de forma unánime- por este tribunal, acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad”, detalló la resolución del ente judicial.
“En consecuencia, conforme lo dispone el Artículo 416, inciso segundo del Código Procesal Penal, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco”, se puntualizó.
La audiencia que dará a conocer la sentencia se efectuará el próximo 20 de febrero a las 09.00 horas.
Esta decisión podrá ser apelada por la defensa ante la Corte Suprema, una acción que la representación de la parlamentaria ya adelantó que realizará.
Según el Ministerio Público, el desafuero era el paso legal necesario para avanzar en la formalización y la solicitud de medidas cautelares contra Pérez, con base en los antecedentes recopilados que implican su participación en el convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva en 2022.
Por esta causa, el 14 de enero pasado, el Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse contra la parlamentara oficialista por su eventual participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco. La decisión determinó, también, la participación del CDE en la audiencia de desafuero.
La querella del organismo apunta a la diputada como responsable en calidad de cómplice de fraude al Fisco reiterado, delito por el cual ya están formalizados su expareja Daniel Andrade (representante de la Fundación Democracia Viva), el exseremi Carlos Contreras y la concejala Paz Fuica.
Según la querella, la diputada Pérez intervino para que Contreras y Fuica, todos militantes de Revolución Democrática al momento de los hechos, “incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de $426.000.000 mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos”.
