La justicia chilena acreditó por primera vez los delitos sexuales cometidos por el fallecido obispo Francisco Javier Cox, exobispo de Chillán y exarzobispo de La Serena, estableciendo que abusó sexualmente de siete víctimas entre 1975 y 1988 en Chillán, La Serena y Andacollo.
La resolución fue dictada por el ministro en visita Christian Le-Cerf, quien concluyó que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron. Sin embargo, la causa fue sobreseída debido a la prescripción de los delitos y al fallecimiento de Cox en 2020.
En Ñuble, parte importante de las denuncias apuntan al período en que Cox ejerció como obispo de Chillán, entre 1975 y 1981.
Según antecedentes judiciales y testimonios públicos, los abusos habrían ocurrido en contextos religiosos y de confianza pastoral, afectando a menores y jóvenes vinculados a parroquias y al movimiento Schoenstatt.
Uno de los denunciantes más conocidos es Abel Soto, exacólito de Chillán Viejo, quien acusó haber sufrido abusos cuando era menor de edad. Con los años, el caso de Cox se transformó en uno de los episodios más emblemáticos de abusos dentro de la Iglesia chilena.
Aunque el Vaticano expulsó a Cox del estado clerical en 2018, hasta ahora no existía una resolución judicial que acreditara formalmente los delitos denunciados.
De todas maneras, fueron muchas las voces que manifestaron su rechazo al actual de la Iglesia en Chile, respecto a casos como el de Cox y otros sacerdotes que también enfrentaron cargos por denuncias similares.
Puntualmente, se dijo respecto al otrora obispo de Chillán, que la Iglesia lo había sacado del país para evitar que la acción de la justicia pudiese significarle sanciones privativas de libertad y, además, ayudarlo a eludir otras obligaciones formales como el estar constantemente acudiendo a declarar ante la policía.
Reacciones en Chillán
La abogada Pilar Gutiérrez, quien representó a víctimas de delitos sexuales cometidos por integrantes del clero en Ñuble, sostuvo que el fallo llega demasiado tarde para muchas víctimas y sus familias.
Casi a modo de máxima, ejemplifica su malestar ante el proceso total, afirmando que “justicia que llega tarde no es justicia. Y eso corre para todos los casos en aquellos en que ha habido víctimas en que el Estado, a través del Poder Judicial, no ha hecho las cosas a tiempo”
La abogada agregó que Chile fue “uno de los lugares donde la Iglesia Católica hizo más daño desde la perspectiva de los abusos sexuales”, apuntandio a que muchos de estos casos se desarrollaron en un contexto marcado por relaciones de poder y silencio institucional, “seguramente aprovechando el contexto de dictadura que había en el país en esos años”.
Sin embargo, apela a los años de experiencia vividos en torno a estas causas para plantear que estos logros tardíos en el plano judicial, pueden incluso volver a abrir heridas en las víctimas, en vez de constituir un símbolo de reparación.
“Cada vez que salen noticias de estos casos no solamente llega paz; también llega mucha rabia y pena a toda la familia y al círculo que ha sido víctima de la violencia, porque cuando se abusa sexualmente de una persona, se rompen círculos completos”, sostuvo.
Consultado por el caso, el Obispado de Chillán comentó, a través de su departamento de Comunicaciones, que “frente a los dolorosos hechos ocurridos en el pasado en nuestra diócesis, reiteramos nuestra disposición a colaborar con la justicia, y renovamos el compromiso de trabajar en la protección de niños, niñas, adolescentes y personas adultas vulnerables, promoviendo la cultura del cuidado, ambientes seguros y la prevención de abusos”.
