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El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se sumó este martes al debate nacional sobre el aborto, al instar a la Corte Suprema a pronunciarse sobre las interrupciones del embarazo basadas en el sexo, la raza o una malformación del feto, después de que el alto tribunal eludiera esa cuestión.
Los dichos de Pence, cristiano devoto que firmó leyes antiaborto cuando era gobernador de Indiana, coinciden con varias iniciativas encabezadas por legisladores republicanos en distintos estados para limitar el acceso al procedimiento.
Así, opositores al aborto desafían la jurisprudencia establecida desde 1973, cuando el máximo tribunal emitió un fallo en el caso “Roe vs Wade”, que legalizó el aborto a nivel nacional.
Por las últimas acciones de esta corriente conservadora, la única clínica que realiza abortos en Misuri podría ser forzada a cerrar, y la legislatura de Luisiana se acercó a la aprobación de un proyecto de ley que prohibiría la interrupción del embarazo después de las seis semanas.
Este martes temprano, la Corte Suprema confirmó parte de una ley de Indiana firmada durante el mandato de Pence como gobernador que exige que los restos de fetos abortados sean cremados o enterrados, pero eludió pronunciarse en otro caso respecto de la cláusula de aborto “selectivo”.
El entonces gobernador había prohibido ese tipo de abortos. Pero un tribunal de apelación bloqueó esa medida, y la Corte Suprema decidió este martes no intervenir en ese asunto mientras no lo hagan otras jurisdicciones inferiores.
El despacho del vicepresidente se dijo “optimista de que más adelante la Corte Suprema abordará una de las numerosas leyes estatales a lo largo de Estados Unidos que prohíben el aborto basado en el sexo, la raza o una discapacidad”.
Los dos casos de Indiana estaban siendo observados de cerca como un indicador de cómo el tribunal superior, que ahora tiene una mayoría conservadora, puede decidir sobre el tema, si eventualmente decide aceptar algún caso.
Por otra parte, el estado sureño de Alabama aprobó un proyecto de ley este mes que equivale a una prohibición casi total de poner fin a un embarazo, incluso en casos de violación e incesto.
