Señor Director:
Resulta preocupante hoy observar cómo algunos estudiantes, tras ser expulsados de un establecimiento educacional mediante la aplicación de la Ley Aula Segura, continúan transitando de un colegio a otro, siendo matriculados nuevamente por sus apoderados, sin que necesariamente exista un proceso efectivo de intervención, acompañamiento y cambio conductual. Esta situación genera una problemática que trasciende a cada establecimiento, pues muchas veces el problema no se resuelve, sino que simplemente se traslada a otra comunidad educativa, afectando con ello la convivencia escolar y los esfuerzos de quienes trabajan por mantener ambientes seguros y propicios para el aprendizaje.
El derecho a la educación debe resguardarse, pero también debe existir una responsabilidad compartida entre las familias, los establecimientos y el sistema educativo. La inclusión no puede confundirse con la ausencia de límites ni el derecho a la educación puede significar desconocer el derecho de los demás estudiantes a aprender en un ambiente seguro.
Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento, intervención y apoyo especializado, evitando que la expulsión termine convirtiéndose únicamente en un cambio de matrícula, sin abordar las causas que originaron las conductas graves.
Richard James Sepúlveda Albornoz
Director y sostenedor Colegio Bicentenario de Excelencia -El Árbol de la Vida San Carlos
