La ofensiva opositora contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entró en una nueva etapa, luego que se conocieran los detalles de los 56 decretos que permitieron rebajar condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Una eventual acusación constitucional podría presentarse el próximo martes, y es precisamente la oposición la que está elaborando el documento de manera coordinada, por abogados de las distintas bancadas.
El libelo apuntaría tanto a la firma de los decretos como a eventuales vulneraciones relacionadas con la protección de la niñez. En paralelo, los partidos y parlamentarios de oposición se reunieron con el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, a quien respaldaron en sus solicitudes de información sobre los documentos que permitieron las rebajas.
En este escenario, los diputados de Ñuble consultados por La Discusión mostraron diferencias respecto de la pertinencia de recurrir a esta herramienta constitucional. De los cinco representantes de la región, respondieron Carlos Chandía (RN), Cristóbal Martínez (UDI), Francisco Crisóstomo (PS) y Felipe Camaño (ind.-DC).
Responsabilidad v/s fundamentos
Desde la oposición, Crisóstomo fue categórico en responsabilizar al ministro y al Gobierno por las rebajas de condenas. El parlamentario socialista sostuvo que la administración de José Antonio Kast tuvo tiempo suficiente para advertir y corregir lo ocurrido, pero no actuó.
“Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, este Gobierno, a través del ministro Rabat, firmó un decreto exento cada tres días para reducir las condenas a 56 abusadores y violadores de niños, escudándose falsamente en un ‘vacío legal’ que la propia Corte Suprema descartó”, afirmó.
A su juicio, la controversia excede un problema administrativo y compromete directamente la responsabilidad de la autoridad. “Aquí no falló el Estado; falló deliberadamente el ministro Fernando Rabat, con el silencio cómplice y la actuación tardía e inexcusable de un Gobierno que supo y no hizo nada. Tuvieron seis meses para frenar esta aberración y decidieron mirar para el lado”, cuestionó.
El diputado agregó que la rebaja de condenas constituye una vulneración de la responsabilidad política del titular de Justicia, y sostuvo que la acusación constitucional es el mecanismo para exigir su salida.
Una posición coincidente manifestó Felipe Camaño, quien confirmó que respaldará la presentación del libelo, argumentando que Rabat perdió la legitimidad para continuar al frente de la cartera.
“Vamos a apoyar la acusación constitucional, porque el ministro ya no tiene legitimidad. Lo que ocurrió es gravísimo: rebajaron las condenas a 56 abusadores de niños sin siquiera informarle a las víctimas, y eso es inaceptable. Las víctimas siempre deben ir primero”, precisó.
El diputado también puso el foco en las medidas que debería adoptar el Ejecutivo para enfrentar las consecuencias de los decretos. “Esperamos que el Gobierno rectifique, que dejen sin efecto los decretos que se tramitaron. Y desde el Congreso vamos a trabajar para cerrar cualquier vacío en la ley que permitió esto”, afirmó.
En esa línea, recordó que ya presentó un proyecto para entregar a las víctimas poder de decisión respecto de las rebajas de condena de sus agresores y manifestó su expectativa de que el Ejecutivo respalde la iniciativa.
“No veo mérito”
Una mirada distinta planteó el diputado de RN, Carlos Chandía. Aunque reconoció la gravedad del costo político que enfrenta el ministro, separó ese reproche de la existencia de eventuales infracciones constitucionales que permitan sustentar una acusación.
“Hay que hacer una distinción entre el inexcusable error político que cometió el ministro y una eventual transgresión a la Constitución y las leyes”, planteó.
El legislador oficialista consideró que Rabat debió dejar el cargo para evitar que la controversia siguiera afectando la gestión del Ejecutivo. “Yo creo que por el bien del Gobierno y para avanzar en la agenda de urgencias de los chilenos, el ministro debió asumir el costo dando un paso al costado, o bien el Presidente haberle pedido la renuncia”, manifestó.
Sin embargo, respecto de la herramienta constitucional que prepara la oposición, marcó distancia: “Hasta ahora no veo elementos jurídicos que sustenten su aprobación”, aseveró.
Desde la UDI, su par, Cristóbal Martínez, sostuvo que “ha quedado suficientemente claro que todos hemos reconocido el error político que significó otorgar estas rebajas de pena sin recurrir previamente a la justicia. Sin embargo, de ahí a pretender justificar una acusación constitucional, existe una distancia enorme”, dijo.
Añadió que “lo único que demuestra esta ofensiva de la izquierda es su interés por politizar una situación de extrema gravedad. Lo importante es afrontar esta situación con propuestas concretas, como lo estamos haciendo, con un proyecto de ley que obligue a todos los abusadores de menores a cumplir su pena en la cárcel”, sentenció.
