Organizaciones de regantes de la región expresaron su rechazo al proyecto de ley conocido como “un comunero, un voto”, que modifica el Código de Aguas y que está pronto a ser votado por la Sala de la Cámara de Diputados, advirtiendo los efectos negativos que podrían ocasionar en la administración de las organizaciones de usuarios de agua (OUA) y en la gestión de las cuencas.
El proyecto busca introducir tres modificaciones, que se resumen en que “cada comunero tendrá derecho a un voto, con independencia de la cantidad de acciones o derechos de aprovechamiento de aguas que posea”; “los comuneros tendrán derecho a un voto, con independencia de las hectáreas o superficies de dominio afectas al sistema”; y la reserva de “al menos un cupo en el directorio” para un representante de comité o cooperativa de agua potable rural.
En ese contexto, siete organizaciones —Junta de Vigilancia del Río Diguillín, del Río Ñuble, del Río Chillán, del Río Itata, Asociación de Canalistas Cato y Ñuble, del Canal Quillón y Embalse Coihueco— formalizaron sus inquietudes a través de una carta a los cinco diputados del distrito, en la que les piden votar en contra de la iniciativa para resguardar “la continuidad, autonomía y estabilidad de las organizaciones de usuarios”.
Riesgos
Para Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, la iniciativa rompe una tradición más que centenaria. “El proyecto pretende modificar el Código de Aguas, rompiendo una tradición más que centenaria. Alrededor de 4.000 organizaciones de usuarios de aguas en Chile realizan las votaciones internas de acuerdo a cada acción de aguas que posea el agricultor. Así también, el pago se realiza de acuerdo a las acciones de agua y no por igual, como es lo más sensato”, afirmó.
Saldías advirtió que, de aprobarse, la cantidad de votos dejará de ser fija y pasará a ser variable según la cantidad de comuneros en cada elección, por subdivisiones, loteos o herencias. “Entonces, una minoría de acciones sin mayor interés podría administrar una organización con fines desconocidos. A mi juicio, el proyecto tiene visos de inconstitucional, por afectar gravemente el patrimonio de los agricultores en los canales artificiales, que son de propiedad de cada agricultor de acuerdo a las acciones que posea”, sostuvo.
La misma crítica hizo Vicente Pezantes, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. “Las juntas han desarrollado un modelo de autogobierno que ha permitido administrar, mantener y mejorar la infraestructura hídrica, financiar su funcionamiento y resolver problemas de gestión de manera autónoma. En este modelo la proporcionalidad constituye un elemento fundamental. Existe, por tanto, una correspondencia entre derechos, obligaciones económicas y representación”, explicó.
Para Pezantes, “si un predio se subdivide en numerosas parcelas, cada una con una participación mínima en los derechos de agua, sus nuevos propietarios podrían reunir una mayoría de votos y controlar la administración del canal, aun cuando los demás usuarios concentren la mayor parte de los derechos y continúen financiando proporcionalmente la operación, conservación y mejoramiento de las obras”.
Las organizaciones advirtieron que estas modificaciones producirán graves consecuencias: “permitir que usuarios titulares de una proporción minoritaria controlen las decisiones; incentivar la subdivisión de predios alterando artificialmente las mayorías; y entregar las decisiones sobre inversiones y mantenimiento a quienes no necesariamente soportan la mayor parte de su financiamiento”.
Respecto al cupo obligatorio para Servicios Sanitarios Rurales, Saldías lo calificó como “una aventura, por cuanto en su gran mayoría en nuestra región las APR captan aguas subterráneas y las organizaciones administran-distribuyen aguas superficiales. Si existe algún problema puntual, la solución debe ser puntual, pero no una ley que los afecte a todos”.
Pezantes agregó que “reconocemos la importancia del consumo humano y el rol de los servicios sanitarios rurales, pero su participación debe abordarse sin desarticular el modelo actual. La prioridad del consumo humano ya está consagrada en el Código de Aguas”.
En suma, concluyeron, “no se trata de oponerse a una mayor participación, sino de preservar la correspondencia entre derechos, responsabilidades económicas y representación, que ha sustentado históricamente la administración de las aguas en Chile”.
